La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) expresó su preocupación por los efectos de la reciente reforma a la Ley de Amparo, publicada el pasado 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al considerar que las modificaciones representan un riesgo para la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En un comunicado, la BMA señaló que las reformas, ya en vigor, introducen restricciones que debilitan la efectividad del juicio de amparo, especialmente en materia de suspensión de actos de autoridad, lo que podría dificultar la defensa de las personas frente a decisiones gubernamentales que vulneren la Constitución.
El organismo destacó que los cambios impactan directamente en temas relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la prisión preventiva oficiosa, al imponer requisitos más estrictos para otorgar suspensiones provisionales y definitivas, reduciendo con ello las posibilidades de defensa de los afectados.
“La figura de la suspensión es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos. Al limitarla, se restringe el acceso efectivo a la justicia”, señaló la Barra.
Asimismo, advirtió que el artículo tercero transitorio del decreto incurre en una posible violación constitucional, al establecer la aplicación retroactiva de la ley, afectando derechos previamente adquiridos.
La BMA recordó que llevó a cabo foros, estudios y conversatorios con especialistas, legisladores y sociedad civil para analizar la iniciativa promovida por el Ejecutivo Federal, con el objetivo de proponer modificaciones que fortalecieran, y no debilitaran, las garantías ciudadanas.
“Ninguna reforma debe vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos; su finalidad debe ser ampliar, no restringir, la protección a las personas”, enfatizó la institución.
Finalmente, la Barra Mexicana exhortó a las autoridades del Estado mexicano a abandonar prácticas incompatibles con los derechos humanos y a emprender reformas institucionales integrales que garanticen el respeto a la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia.