La Administración para el Control de Drogas (DEA) calificó la inédita acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como el primer paso de una ofensiva contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado.
Además señaló que “no hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”.
Ante el Senado de Estados Unidos, el titular de la agencia, Terry Cole, afirmó que los políticos que colaboran con las organizaciones criminales comparten la responsabilidad en la crisis de fentanilo que afecta a su país.
“Amo al pueblo de México. Son personas maravillosas. Son nuestros vecinos. Compramos muchos de sus productos y ellos compran muchos de nuestros productos (…) ¿Ayúdenme a entender por qué tantos líderes políticos en México… tienden a tener vínculos tan estrechos con los cárteles de la droga? ¿Es dinero? ¿Es poder? ¿Es miedo? ¿Y qué hacemos al respecto?”, expuso.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Se trata de la primera vez que la justicia estadounidense procesa a un gobernador mexicano en funciones, integrándolo formalmente a la causa penal abierta contra la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pactos electorales y control institucional
El expediente judicial, denominado “Estados Unidos contra Guzmán Salazar”, describe una red de favores que habría comenzado durante la campaña para la gubernatura en 2021. Según el documento del gran jurado, los líderes de Los Chapitos habrían asegurado la victoria de Rubén Rocha Moya a cambio de colocar a perfiles afines al cártel en puestos clave de la administración estatal, particularmente en el control de la Policía Estatal de Sinaloa.
Entre los señalamientos más graves, se detalla una reunión en la que Enrique Díaz Vega, posterior secretario de Administración y Finanzas, habría entregado a la organización criminal una lista con los nombres y direcciones de los oponentes políticos de Rocha Moya. Estos testimonios y análisis financieros forman la base de la acusación que busca demostrar cómo la estructura delictiva financió y protegió triunfos electorales a cambio de impunidad operativa para el trasiego de drogas.
Testigos colaboradores y la ofensiva de Washington
La expansión de este caso se desprende de las revelaciones hechas por figuras clave que han optado por la figura del testigo colaborador.
Destacan los acuerdos alcanzados por Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en julio de 2025, y la entrega previa de su hermano Joaquín Guzmán López. Terry Cole, nominado para dirigir la DEA tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, subrayó que el enfoque punitivo contra la clase política mexicana es una prioridad bajo la premisa de “Estados Unidos primero”.
“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, declaró Cole ante el legislador republicano John Kennedy.
El titular de la agencia antidrogas sentenció que los funcionarios implicados en estos esquemas “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses”, y advirtió que el proceso contra Rubén Rocha Moya es apenas el inicio de una serie de imputaciones que podrían alcanzar a más políticos mexicanos en los próximos meses.
“Y le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció el jefe de la DEA.
Además, expuso que “en México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”.
Subrayó que “eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
