El Plan Michoacán que anunció la Presidencia debe ser implementado con seriedad, pero también hay que garantizar protección para toda la sociedad.
La Presidencia de la República ha anunciado la implementación del llamado Plan Michoacán, un conjunto de acciones para alcanzar la pacificación en esa entidad federativa. Espero sinceramente que sea una estrategia bien estructurada y de una duración suficiente, que no se vuelva otra etapa del “hacemos como que trabajamos”, que ya hemos visto en sexenios anteriores.
¿Por qué lo digo? Porque ya se ha visto al menos desde el sexenio de Felipe Calderón (por cierto, michoacano), cuando era gobernador precisamente el hoy jefe del Despacho de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel solicitó formalmente la presencia del ejército en aquella entidad federativa, para ayudarle a contener la violencia que desde entonces se mostraba desbordada.
Después, siendo gobernador Leonel Godoy Rangel, la violencia siguió, y se sucedieron circunstancias extrañas, como el caso de su sobrino, Julio César Godoy Toscano –ex alcalde de Lázaro Cárdenas–, quien se convirtió en diputado federal para evitar ser detenido por su presunta relación con el cártel de la “Familia Michoacana”…
De Godoy Toscano se supo que permaneció dos días escondido en la Cámara de Diputados, primero ingresó en el vehículo de un diputado y luego desde el sótano le ayudaron a entrar a la oficina del coordinador Alejandro Encinas, donde permaneció bien guardado hasta que salió a rendir protesta y así evitar ser detenido.
Después fue desaforado, y antes de que lo detuvieran, escapó.
Hoy, Alejandro Encinas forma parte de Morena, y el gobierno lo nombró representante de nuestro país ante la OEA.
La violencia, sin embargo, no terminó para Michoacán. El sexenio pasado, el primero de Morena, como sabemos, México transitó en medio de la política de “Abrazos, No Balazos”, que no fue para nada una política de seguridad sino que pareció más un “dejar hacer, dejar pasar”.
Y la delincuencia tomó más el control de Michoacán, y de amplias regiones del país. Tanto, que no es para nada extraño que los malos realicen rondines por municipios michoacanos a bordo de vehículos blindados y equipados con armas de grueso calibre.
Así, la delincuencia se apoderó de las actividades productivas, y amenazaron y cobraron “derecho de piso” a productores limoneros, a productores de aguacate, todas las actividades -sobre todo agrícolas- pasaron a ser una más de las bolsas de donde sacaron dinero, y es evidente que así no se puede vivir.
Es por eso que hemos visto cómo los líderes afectados dijeron “YA BASTA”, y a continuación vino la venganza de los criminales.
Así cayeron asesinados Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán, quien había convocado la protesta masiva en la que agricultores tiraron 2 toneladas de limón en las calles.
También, en La Ruana, Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, fue asesinado junto a su esposa al interior de su vivienda. Al parecer, fueron torturados antes de ser asesinados.
De Carlos Manzo sabemos que desde el primer día de su mandato como alcalde de Uruapan, advirtió que su vida y la de su familia estaban en peligro, esto por no ceder a las presiones de los delincuentes.
Y son los casos que más han ocupado la atención de los medios, de la sociedad, pero tristemente la violencia en Michoacán y en varias zonas del país es una realidad. Y se dan, hay que decirlo, demasiados casos de colusión con las autoridades.
Por eso creo que el plan que anunció la Presidencia debe ser implementado con seriedad, pero también hay que garantizar protección para toda la sociedad, para esas comunidades que lo único que quieren es hacer sus actividades en paz. Lo único que quieren es vivir.