La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que dos mujeres detenidas tras los disturbios registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, al ser acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa.
Durante la transmisión de su programa Martes del Jaguar, la mandataria informó que ambas fueron trasladadas al penal de San Francisco Kobén y serán presentadas ante un juez de control.
Según explicó, la Fiscalía estatal buscará imputarles el delito luego de que presuntamente rociaron gasolina e intentaron prender fuego a los escudos de las policías que resguardaban el Palacio de Gobierno.
Esperemos que el juez actúe con justicia y que el juicio resulte en una sentencia por homicidio calificado en grado de tentativa, que conlleva muchos años de prisión; podrían ser 25, 30 o hasta 37 años”, señaló.
¿Qué ocurrió durante la marcha del 8M en Campeche?
Los hechos ocurrieron durante la movilización del Día Internacional de la Mujer, realizada el pasado domingo en la ciudad de San Francisco de Campeche.
De acuerdo con el gobierno estatal, un grupo de manifestantes prendió fuego a escudos utilizados por las policías que resguardaban el Palacio de Gobierno, lo que provocó momentos de tensión durante la protesta.
Las autoridades señalaron que algunas participantes habrían arrojado gasolina contra los escudos y contra las agentes, lo que derivó en las detenciones.
Detenciones y proceso legal
La Policía del Estado de Campeche detuvo inicialmente a 14 personas en el contexto de la protesta. Posteriormente, cinco fueron trasladadas al penal de Kobén para enfrentar cargos ante un juez de control.
Además de las dos mujeres acusadas de tentativa de homicidio, otra persona será investigada por los daños causados al Palacio de Gobierno, mientras que sobre las otras dos detenidas no se han detallado aún los cargos.
Entre los arrestados también se encontraba una menor de edad, quien fue liberada el 9 de marzo.
Policías relatan momentos de tensión
Durante el mismo programa, la gobernadora invitó a dos de las agentes que participaron en el operativo de seguridad.
La oficial Perla Jaquelin relató que durante la protesta fueron golpeadas y posteriormente rociadas con combustible, lo que generó temor entre las policías que formaban una barrera frente al edificio gubernamental.
Empezamos a retroceder para hacer la formación y veo cómo prenden fuego. En ese momento sentí miedo y pensé: aquí hay madres y hermanas esperando en casa”, recordó.
Otra agente, identificada como Cristy Salazar, aseguró que las policías no respondieron con agresiones y que su instrucción fue resistir la presión de las manifestantes.
Organizaciones denuncian detenciones arbitrarias
El caso también ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que algunas detenciones habrían ocurrido sin flagrancia y de manera arbitraria.
Uno de los casos mencionados es el de Esli, estudiante de doctorado de El Colegio de la Frontera Sur, quien aseguró que no formaba parte del grupo señalado por prender fuego a los escudos.
La gobernadora también reveló que recibió llamadas para interceder por una de las detenidas, quien presuntamente no habría agredido físicamente a las policías.
Investigación sigue en curso
Las autoridades estatales señalaron que el caso continuará su curso judicial y que las personas responsables de los daños o agresiones durante la protesta deberán responder ante la justicia.
Mientras tanto, organizaciones civiles mantienen su exigencia de garantizar el debido proceso y evitar criminalizar la protesta feminista.
