El Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que busca enfrentar de manera más contundente uno de los delitos de mayor crecimiento y complejidad en el país.
La iniciativa responde a la urgente necesidad de establecer un marco jurídico homogéneo que permita a las autoridades federales y estatales actuar con mayor eficacia frente a las diversas modalidades de extorsión, sin importar si estas son telefónicas, digitales y presenciales, pues afectan tanto a ciudadanos como a sectores productivos.
Puntos clave de la Ley General contra la Extorsión
La ley establece una definición amplia de extorsión, incluyendo no solo la obtención de dinero, sino cualquier acto que obligue a una persona a hacer, dejar de hacer o tolerar algo en perjuicio propio o de terceros. De acuerdo con la información, se perseguirá de oficio, lo que significa que no será necesario que la víctima denuncie para iniciar una investigación.
Entre los aspectos más relevantes, se contempla una pena base de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que podrían elevar la condena hasta 42 años. También se sancionará a servidores públicos que participen o faciliten actos de extorsión. Además, se reforman cinco leyes federales, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para armonizar criterios y fortalecer el marco jurídico.
La ley incorpora perspectiva de género, reconoce modalidades como la extorsión telefónica y establece medidas para impedir el uso de celulares en centros penitenciarios, una fuente común de este delito.
¿Qué sigue?
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa se envió a la Cámara de Diputados. De aprobarse sin modificaciones, será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a nivel nacional. Esta ley representa un paso importante en la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas de extorsión en todo el país.