Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, confirmó que el proceso legislativo para discutir la Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requerirá de serenidad y apego irrestricto a la legalidad.
La legisladora enfatizó que, dada la magnitud de los cambios propuestos, la cámara debe utilizar todos sus instrumentos de escucha ciudadana antes de proceder a la votación. La iniciativa que busca modificar 11 artículos constitucionales fue remitida a comisiones para su análisis, deliberación y eventual dictaminación.
Consenso y plazos constitucionales
La viabilidad de esta Reforma Electoral depende de una mayoría calificada que hoy se encuentra bajo la lupa. López Rabadán recordó que, al tratarse de modificaciones a la Constitución, el dictamen requiere el respaldo de dos terceras partes del pleno, lo que equivale a 234 votos en la configuración actual.
“Hay tiempo para hacer algún tipo de modificaciones si se logran las dos terceras partes de la votación. Dos terceras partes requiere 234 votos y evidentemente, bueno, pues habremos de ver, se han fijado algunas posiciones ya de los partidos políticos”.
El calendario legislativo impone una restricción: cualquier modificación al marco jurídico de las elecciones de 2027 debe entrar en vigor 90 días antes del inicio del proceso en septiembre.
Periodo corto de discusión
Pese a la complejidad del trámite por el constituyente permanente, voces dentro de las comisiones dictaminadoras sugieren una resolución acelerada. La presidenta de la cámara señaló que el proceso podría definirse en un periodo corto si se respetan los reglamentos vigentes.
“Podría incluso, ya lo ha comentado el presidente de la comisión de una de las dos comisiones de dictamen, podrá saberse la definición en un par de semanas. Y eso nos sigue dando, digamos, en términos legales, la oportunidad, ya sea en caso de que se apruebe o en caso de que se rechace, que no se apruebe las condiciones de estos 90 días antes del inicio del proceso electoral”, respondió a Alejandro Cacho.
López Rabadán subrayó que, aunque existe la posibilidad de un “Plan B” en caso de un rechazo constitucional, todas las opciones deben cumplir con los tiempos legales para ser aplicables en los próximos comicios.
La diputada presidenta garantizó que el tramo final del proceso en el pleno será transparente y permitirá que la ciudadanía identifique con claridad la postura de cada representante.
“Me parece que es indispensable respetar todo el proceso, porque es un tema que va a impactar a 13.4 millones de mexicanos. […] Estamos hablando de que sí, la verdad es que en términos, digamos, claro, si cometemos algún error democrático, permíteme llamarle así, bueno, pues va a afectar a esta generación y a muchos generaciones más”, sostuvo.
RB
