El combate frontal al comercio ilegal de hidrocarburos en México, conocido como ‘huachicol‘ fiscal, ha alcanzado cifras récord durante el último año. De acuerdo con datos recientes del gabinete de seguridad nacional, las operaciones de inteligencia y vigilancia en aduanas han permitido asegurar más de 11 millones de litros de combustible. Estas acciones han propinado un impacto financiero superior a los 301 mil millones de pesos a las organizaciones criminales que intentaban comercializar hidrocarburos de forma ilícita en el territorio nacional bajo la fachada de productos legales.
Desarticulación de redes de corrupción y mandos navales
El punto de inflexión en esta estrategia ocurrió en marzo de 2025, tras detectarse cargamentos ilícitos vinculados a presuntos miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). Este hallazgo motivó una reestructuración de las tácticas gubernamentales, resultando en el desmantelamiento de tres grandes organizaciones delictivas y la emisión de más de 50 órdenes de aprehensión. Un caso emblemático fue el del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, donde se descargó combustible declarado falsamente como aditivos para evadir impuestos.
Como resultado de estas investigaciones, 14 personas enfrentan procesos penales por delincuencia organizada, incluyendo a empresarios, agentes aduanales y dos altos mandos de la Semar. Las indagatorias, lideradas inicialmente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada bajo la dirección de Alfredo Higuera Bernal, revelaron que estas redes utilizaban empresas “factureras” y documentación apócrifa para infiltrar las estructuras logísticas de almacenamiento y suministro de gasolineras en el país.
Nuevas estrategias de trazabilidad y vigilancia portuaria
Ante la gravedad de las infiltraciones, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, ordenó desde el pasado septiembre una redefinición de la actuación institucional para erradicar la corrupción interna. Actualmente, existe una coordinación estrecha entre la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este bloque institucional ha logrado inhibir al menos 35 intentos de contrabando en puntos estratégicos como Salina Cruz, Topolobampo, Coatzacoalcos, Tuxpan y Progreso. Por su parte, la Secretaría de Energía ha implementado mecanismos estrictos de trazabilidad del combustible importado para cerrar cualquier espacio a la simulación documental. El informe de seguridad destaca que la mayor vigilancia sobre embarcaciones de gran calado ha sido fundamental para detectar el uso de facturación fraudulenta que anteriormente permitía el ingreso masivo de hidrocarburos sin el pago correspondiente de gravámenes fiscales, fortaleciendo así la soberanía energética del país.
