El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó este miércoles que trabajará de manera conjunta con las autoridades de Estados Unidos y presentará los argumentos necesarios con el objetivo de frenar la aplicación de un arancel adicional del 10% a las exportaciones mexicanas.
Esta medida fue planteada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) dentro de una investigación orientada a regular las importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la dependencia mexicana, las autoridades mantendrán una postura activa ante los señalamientos norteamericanos.
“El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas”, especificó la Secretaría de Economía en su nota informativa.
Los detalles de la investigación bajo la Sección 301
La propuesta de aplicar este gravamen se dio a conocer formalmente como parte de un procedimiento ejecutado bajo la Sección 301 de la legislación comercial de Estados Unidos.
Dicho marco legal se está utilizando para examinar el desempeño de un total de 60 economías globales, evaluando una supuesta falta de prohibición y de aplicación efectiva de medidas destinadas a impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.
Dentro de los resultados preliminares arrojados por la indagatoria de la USTR, el organismo estadounidense propuso establecer un arancel adicional del 10% a los productos provenientes de México, la Unión Europea, Canadá, Argentina y el Reino Unido, entre otras naciones.
Para los 46 países restantes incluidos en la lista de investigación, la oficina comercial planteó un gravamen complementario superior, fijado en el 12.5%.
¿Es legal que sigan aumentando los aránceles?
La Secretaría de Economía de México puntualizó que esta acción representa parte de una estrategia implementada por Washington para sustituir gravámenes que se habían establecido con anterioridad mediante otros esquemas legales.
Entre ellos se encuentra la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual fue eliminada por dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así como la Sección 122, cuyo periodo de vigencia concluye el próximo 24 de julio.
No obstante, el gobierno federal de México hizo hincapié en que la determinación de la USTR no constituye por el momento “una medida definitiva”.
Explicaron que el marco normativo actual contempla la apertura de una etapa obligatoria de comentarios, consultas y discusiones técnicas que se desarrollará a lo largo de los próximos 45 días.
Hay diálogo bilateral ante el TMEC
Ante este escenario, la administración mexicana manifestó su confianza en que el planteamiento de la USTR pueda ser modificado en beneficio de los flujos comerciales bilaterales.
Esta expectativa se fundamenta en las mesas de diálogo que ambas naciones sostendrán durante las semanas venideras, las cuales coinciden con los trabajos y encuentros agendados para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esta nueva propuesta arancelaria por parte de las autoridades comerciales de Estados Unidos introduce un punto de fricción adicional a las tensiones comerciales ya existentes entre los dos socios norteamericanos, abriendo un frente de negociación clave en medio de los preparativos para definir el futuro del acuerdo comercial del T-MEC.
