Las Comisiones Unidas de la Cámara Alta modificaron el dictamen de la Ley de Lavado de Dinero, en el cual se pretendía “sin juicio previo”, por simple sospecha, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional pudieran congelar, obstaculizar campañas políticas, silenciar sindicatos y disolver asociaciones civiles, todo con base en una simple sospecha y sin necesidad de pruebas ni órdenes judiciales.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, advirtió: “Quieren imponer un Estado de miedo por encima del Estado de Derecho. Sin juicio previo, sin prueba, sin jueces: solo sospecha y castigo”.
Añorve Baños denunció que la reforma no era una medida de seguridad, sino una herramienta de persecución política diseñada para callar a quienes incomoden al poder. “La ley se convierte en instrumento político para silenciar sindicatos, partidos, iglesias y sociedad civil bajo amenaza.
Durante la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, aseguró que la nueva Ley de Lavado de Dinero representa un riesgo directo para las organizaciones de la sociedad civil, al imponerles obligaciones desproporcionadas y tratarlas como si fueran entidades delictivas.
“Se pretende criminalizar a quienes sostienen asilos, orfanatos y bancos de alimentos. Morena usa la ley para perseguir a quienes suplen funciones que el Estado ha abandonado”.
La legisladora hidalguense denunció el uso faccioso de la UIF: “La Unidad de Inteligencia Financiera dejó de ser técnica y autónoma, ahora es un arma del régimen. De 800 denuncias, solo 66 han sido judicializadas, la UIF persigue más de lo que prueba.