El partido Morena formalizó la petición de un juicio electoral ante los órganos jurisdiccionales con el fin de solicitar la nulidad de la elección en las 16 diputaciones locales de mayoría relativa del estado de Coahuila, demarcaciones donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo la constancia de mayoría.
A través de un comunicado institucional, la dirigencia del partido de la transformación fundamentó la impugnación en una serie de anomalías detectadas durante la jornada electoral.
La documentación presentada señala la existencia de supuestas inconsistencias y violaciones sustanciales en un total de 962 casillas, cifra que equivale al 22.6 por ciento del total de los centros de votación instalados en el territorio de la entidad.
Ruta jurídica ante la FGR, el INE y la UIF
La estrategia del oficialismo no se limitó al Tribunal Electoral local, sino que abarcó tres vertientes federales adicionales. En el ámbito penal, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).
El partido argumentó que se presentaron conductas tipificadas como graves dentro de la legislación penal, de acuerdo con el posicionamiento emitido en su boletín informativo.
“En el pasado proceso electoral, fueron innumerables los casos en los que esta práctica reprochable se llevó a cabo”, señaló.
En materia de fiscalización, Morena acudió ante la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar un presunto rebase en los topes de gastos de campaña por parte de las candidaturas priistas.
Asimismo, la representación partidista extendió los procedimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de iniciar un rastreo sobre el origen y destino de los recursos financieros aplicados en la movilización de votantes, particularmente a través de herramientas tecnológicas como códigos QR.
Defensa del PRI y acusaciones específicas del expediente
El expediente integrado por Morena incluye acusaciones de coacción del voto, participación activa de servidores públicos en actividades proselitistas, difusión de propaganda calumniosa, condicionamiento de programas sociales, intimidación general y actos de violencia política de género.
Ante estos señalamientos, la organización partidista exhortó a las autoridades electorales, financieras y judiciales a realizar una revisión exhaustiva de las pruebas con estricto apego al marco legal vigente.
Cabe recordar que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI fijó su postura respecto al resultado de los cómputos distritales, el pasado 8 de junio, el presidente nacional de ese instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que su estructura defenderá la validez jurídica de los sufragios emitidos en las urnas de Coahuila.
