El gobierno de Morena es esclavista, sentenció el diputado federal Rubén Moreira Valdez, al referirse a la forma en que los trabajadores de Canal Once, Canal 14, Canal 22 y el IMER están siendo contratados vía el capítulo 3000, una figura que los convierte en “proveedores” en lugar de empleados formales.
En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, conducido por el legislador del PRI, junto con el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, evidenciaron cómo el gobierno de Morena pretende ocultar las malas condiciones laborales y el impago a cientos de trabajadores de estos medios de comunicación del Estado.
Rubén Moreira criticó que ante esta mala situación sea promovida por un régimen que presume proteger a los trabajadores, pero que los somete a condiciones inhumanas. Adelantó que presentará un Punto de Acuerdo para que el secretario de Hacienda y los directores de estas televisoras y radiodifusoras acudan a comparecer a la Cámara de Diputado a explicar la situación y cómo darán solución.
Explicó que estos medios públicos están operando con personal al que no se reconoce como empleado, sino que se le obliga a emitir facturas y rendir informes, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales básicos.
No están sindicalizados, señaló, no tienen vacaciones, ni aguinaldo, ni Afore, ni seguro médico y nunca se van a jubilar. Recordó que Morena presume que ya no hay outsourcing, pero, dijo, lo que no hay es dinero.
Durante el programa el diputado advirtió que el gobierno de Morena se acerca aceleradamente a una crisis financiera, pues mientras las deudas de las paraestatales Pemex y CFE aumentan, sus producciones bajan, y ambos sectores, petrolero y de energía eléctrica han perdido atractivo para los inversionmistas nacionales y extranjeros.
A este ritmo, adelantó, en un año a más tardar, se tendrá ue recurrir a mayor endeudamiento, lo que llevará a que cada mexicano, incluso los que están por nacer, tengan una carga por persona de deuda externa de alrededor de 200 mil pesos, cuando a la salida del gobierno de Enrique Peña Nieto, esa deuda per capita era de menos de 90 mil pesos.