Dos niñas de origen haitiano, de 4 y 5 años de edad, perdieron la vida este martes en la Casa Hogar “Pato”, un centro de tránsito del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ubicado en San Raymundo Jalpan, en Oaxaca. Las menores, que se encontraban temporalmente en el albergue junto con su madre debido a trámites migratorios, cayeron en una fosa séptica mientras jugaban sin la supervisión adecuada de las responsables.
Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando personal del centro reportó la desaparición de las niñas. Inmediatamente se activaron protocolos de búsqueda con la participación de bomberos, elementos de la Guardia Nacional (GN) y autoridades locales.
Tras varias horas de labores, los cuerpos fueron localizados sin vida dentro de la fosa séptica. La madre de las menores, también de nacionalidad haitiana, se encontraba en el albergue como parte de un programa temporal para migrantes en situación vulnerable.

Investigación y reacción
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca abrió de inmediato una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y fincar responsabilidades. Dos personas encargadas de la vigilancia en el momento de los hechos quedaron a disposición del Ministerio Público, acusadas preliminarmente por omisión en la supervisión.

Posteriormente, se sumaron a esta disposición dos directivas del DIF: la directora del albergue y la coordinadora general de albergues, Cristina Ramírez Vargas. El secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López, confirmó que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el caso.
En ese sentido, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció la destitución inmediata de tres altas funcionarias del DIF Oaxaca: la directora general, Maribel Salinas Velasco; la mencionada coordinadora general de albergues; y la directora específica de la Casa Hogar “Pato”. A través de sus redes sociales, Jara lamentó profundamente los hechos y enfatizó que “no puede haber omisiones” en la protección de la niñez, prometiendo un esclarecimiento riguroso y la revisión integral de las condiciones de infraestructura y supervisión en todos los centros asistenciales del estado.
Por su parte, Yarib Hernández García, procuradora para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado, respaldó las medidas y señaló que se investigarán posibles fallas en protocolos de seguridad. “Si las hubo, habrá consecuencias“, afirmó en conferencia de prensa.
Denuncias previas
Este trágico incidente se produce en un contexto de denuncias previas contra el DIF estatal por irregularidades en sus albergues. En febrero de 2026, apenas días antes del suceso, la diputada del PT Margarita García presentó acusaciones formales de abuso laboral, maltrato a menores y falta de protocolos en procesos de adopción.
Los trabajadores del DIF, en un paro laboral de ocho días, señalaron a Cristina Ramírez Vargas, coordinadora general de albergues, así como a jefas de departamento como Karina Guadalupe Pineda y Luz Gabriela González Pérez, por presunto nepotismo, maltrato psicológico, explotación infantil y desvío de insumos destinados a las casas hogar.
Las quejas, documentadas en oficios dirigidos a Maribel Salinas Velasco, director general del DIF, destacaban carencias en higiene, ropa y alimentación básica, así como castigos físicos y trabajos forzados para niños y adolescentes. La diputada García solicitó intervención federal e incluso internacional, tras la falta de respuesta inicial de autoridades estatales.
DG

