La polémica por las camionetas blindadas adquiridas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a encender el debate público, ahora con duras críticas desde el propio oficialismo. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como una “comedia de errores” la decisión de las ministras y ministros de devolver o reasignar las camionetas, al considerar que se trata de una medida precipitada y mal calculada.
En medio de un clima de exigencia social por la austeridad y la transparencia en el uso de recursos públicos, el legislador sostuvo que la Corte cedió a la presión mediática sin evaluar las consecuencias prácticas y económicas de la compra ya realizada, lo que —dijo— representa un retroceso innecesario.
“Comedia de error”, señala el senador de Morena
Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Fernández Noroña cuestionó que primero se autorizara la adquisición de las camionetas y, posteriormente, se optara por no utilizarlas. A su juicio, la decisión debió tomarse desde el inicio, antes de comprometer recursos públicos.
El senador defendió que las y los ministros requieren medidas especiales de seguridad debido a la naturaleza de los asuntos que resuelven y recordó que en administraciones anteriores del Poder Judicial el uso de camionetas blindados era habitual. En ese sentido, rechazó que se trate de privilegios o excesos.
Comparaciones con otros funcionarios y el argumento de seguridad
Fernández Noroña comparó la situación de los ministros con la de otros funcionarios de alto nivel, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien cuenta con esquemas de protección reforzados. Afirmó que cuestionar estas medidas ignora los riesgos reales asociados a ciertos cargos públicos.
Además, advirtió que la devolución de las unidades podría implicar una pérdida económica considerable, ya que los vehículos se devalúan de manera inmediata tras salir de la agencia, estimando un impacto de al menos 20 por ciento del monto invertido.
La postura de la SCJN y el contexto político
Las declaraciones del senador se produjeron luego de que la SCJN informara que no hará uso de las nueve camionetas blindadas y que iniciará el proceso para su devolución o reasignación a juzgadores que enfrenten mayores riesgos, conforme a la normatividad vigente. El Máximo Tribunal reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y anunció que ampliará la información en una conferencia de prensa.
La decisión se dio tras varios días de críticas públicas y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara, a través de la Secretaría de Gobernación, información detallada sobre la compra de los vehículos.
Costo, opacidad y debate abierto
De acuerdo con documentos internos del Comité de Adquisiciones de la SCJN, el costo total de las nueve camionetas ascendió a 25 millones 650 mil pesos, con un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, IVA incluido. Hasta el momento, el contrato de compra no ha sido difundido de manera íntegra.
El tema mantiene abierto el debate sobre austeridad, seguridad institucional y manejo de recursos públicos, con posturas encontradas incluso al interior del movimiento gobernante.
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