La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó este jueves la renovación de la flotilla vehicular asignada a sus nueve ministros, cuyo costo ronda los 1.3 y 1.7 millones de pesos por unidad, argumentando que se trata de una decisión tomada exclusivamente por criterios de prevención y seguridad institucional, informaron en un comunicado.
En el documento, emitido tras opiniones técnicas de autoridades federales y críticas de la ciudadanía, la Corte explicó que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, comprometiendo la operación segura de los ministros electos en 2025.
“La adquisición responde a la normatividad interna establecida en el Acuerdo General de Administración de 2019, que manda renovar estos automotores cada cuatro años o antes si sus condiciones lo ameritan”, detallaron.
Medida obligatorio, no discrecional
Adquirieron nueve unidades nuevas, marca Jeep, modelo Grand Cherokee con posible blindaje, para garantizar la salvaguarda de la integridad física de quienes ejercen cargos de alta responsabilidad. El costo por vehículo oscila entre 1 y 1.77 millones de pesos, dependiendo de acabados y nivel de protección, aunque el comunicado no detalla especificaciones técnicas para enfatizar que la medida no es discrecional, sino obligatoria.
Para evitar un incremento neto en el gasto público, la compra se realizó en paralelo a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, reafirmando el compromiso con una gestión responsable de los recursos. “La SCJN prioriza la seguridad jurisdiccional sin menoscabo del uso racional del presupuesto“, subrayó el máximo tribunal, descartando cualquier motivación ajena a la prevención institucional.
Cuestionamiento
Tal renovación ocurre en medio del escrutinio público por la austeridad en el Poder Judicial, tras la elección popular de ministros el año pasado. Sin embargo, la Corte insiste en que la medida protege no solo a los titulares, sino el ejercicio mismo de la función jurisdiccional en un entorno de riesgos elevados.
El comunicado oficial concluye reafirmando que tales acciones se alinean con la normatividad vigente y el deber de salvaguarda, invitando a la ciudadanía a contextualizar la decisión en el marco de la responsabilidad patrimonial. Hasta el momento, la SCJN no ha anunciado más detalles sobre proveedores o fechas de entrega, pero la flotilla ya está en proceso de implementación para apoyar las labores diarias de los ministros.
DG
