Chiapas vuelve a encender las alarmas internacionales. La relatora especial de Naciones Unidas para personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, advirtió que en el sur de México no existen condiciones mínimas de seguridad para quienes defienden derechos fundamentales, un escenario donde el temor se ha convertido en un freno para la paz y la justicia.
Tras una visita de tres días al estado, Lawlor sostuvo que la violencia, la militarización y la presencia del crimen organizado han creado un entorno hostil que paraliza a activistas, comunidades y organizaciones civiles, especialmente a mujeres, pueblos indígenas y defensores de personas migrantes.
Sin garantías para quienes defienden derechos
En un mensaje difundido este lunes, la relatora de la ONU fue contundente: en Chiapas no hay garantías para el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Señaló que factores como los megaproyectos, la criminalización de la protesta social y la colusión de actores armados incrementan de manera constante los riesgos.
Los testimonios recabados durante su estancia, dijo, son “profundamente alarmantes” y dan cuenta de asesinatos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y amenazas sistemáticas contra quienes acompañan causas sociales en la región.
El miedo como enemigo de la paz
Lawlor retomó una frase pronunciada en 2021 por el sacerdote y activista Marcelo Pérez Pérez, asesinado en octubre de 2024, para describir el clima que se vive en Chiapas: “Muchas personas quieren la paz, pero están paralizadas por el miedo”. Para la relatora, esa realidad sigue vigente y representa el principal obstáculo para la reconstrucción del tejido social.
Subrayó que el caso del padre Marcelo es emblemático, pero no aislado. Afirmó que, pese a las reiteradas solicitudes de protección dirigidas al Gobierno mexicano, la respuesta oficial llegó cuando el defensor ya había sido abatido a tiros, lo que evidencia graves fallas en los mecanismos de prevención.
Preocupación por detenciones arbitrarias
La experta de la ONU también expresó su inquietud por casos de personas privadas de la libertad de manera arbitraria, como el de Bersaín Velasco García, defensor comunitario detenido desde 2022. Insistió en la urgencia de garantizar justicia para las víctimas de asesinatos, tortura, desapariciones y desplazamientos forzados.
En ese contexto, afirmó que los ataques contra defensores no solo afectan a las víctimas directas, sino que dejan “heridas profundas” en comunidades enteras que pierden a sus líderes sociales y referentes de paz.
Seguimiento internacional a Chiapas
Mary Lawlor aseguró que dará seguimiento puntual a la situación en Chiapas y que mantendrá acompañamiento a personas y comunidades en riesgo. Reiteró que la justicia y la dignidad humana deben ser el eje de cualquier política pública orientada a la pacificación y al respeto de los derechos humanos.
El pronunciamiento fue leído durante el conversatorio “La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: los retos de su protección”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. En el encuentro participaron integrantes de organizaciones civiles, redes nacionales de derechos humanos y familiares de defensores encarcelados, quienes coincidieron en que la protección sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
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