La llamada “Ley Cazzu” comienza a tomar fuerza en México. Legisladores de Oaxaca y Michoacán impulsan esta propuesta que busca garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan viajar y realizar trámites sin quedar atrapados en conflictos entre adultos.
El planteamiento surge ante una problemática común: padres que, pese a no involucrarse en la crianza o incumplir con sus responsabilidades, mantienen la facultad legal de autorizar, o bloquear, decisiones importantes en la vida de sus hijos.
La iniciativa ha generado conversación no solo por su impacto legal, sino también por el contexto social que busca atender, especialmente en familias donde uno de los progenitores está ausente.
¿Qué propone la “Ley Cazzu”?
La propuesta plantea que, en casos de abandono comprobado, no sea necesario contar con la autorización del progenitor ausente para que un menor pueda viajar o realizar trámites como la obtención de pasaporte.
Además, se busca que jueces puedan autorizar de manera inmediata estos procesos cuando exista una negativa injustificada, evitando así que los menores queden limitados por decisiones de adultos que no participan activamente en su cuidado.
También contempla la creación de mecanismos más ágiles y con menor carga burocrática para resolver estos casos, con enfoque en el interés superior de la infancia.
¿Por qué surge esta iniciativa en México?
De acuerdo con la exposición de motivos, en México millones de madres enfrentan solas la crianza de sus hijos, mientras que una gran proporción no recibe pensión alimenticia.
A pesar de ello, muchos padres ausentes conservan derechos legales que les permiten intervenir en decisiones clave, como viajes o cambios de residencia, lo que genera una dependencia jurídica que afecta directamente a los menores.
El término “Ley Cazzu” retoma un debate social que ha cobrado fuerza en América Latina, relacionado con casos donde este tipo de restricciones han limitado oportunidades para niñas, niños y adolescentes.
