La llamada Operación Enjambre, una estrategia federal diseñada para combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, continúa ampliando su alcance en distintas regiones del país. Desde su inicio en noviembre de 2024, el operativo ya se ha extendido a diez entidades federativas y ha derivado en la detención de 64 funcionarios públicos.
El despliegue comenzó en el Estado de México, donde en su primera etapa fueron arrestados 24 servidores públicos vinculados con diversos municipios. Las investigaciones y acciones operativas se ampliaron hacia otras entidades, entre ellas Chiapas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas.
La expansión más reciente ocurrió en Morelos, donde autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del municipio de Amacuzac. Los detenidos son Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica; Azucena “N”, regidora del ayuntamiento; y Alejandro Bladimir “N”, tesorero municipal.
Con estos arrestos, el número de funcionarios capturados dentro de la Operación Enjambre ascendió a 64. De acuerdo con las autoridades, los implicados enfrentan acusaciones por delitos como extorsión, secuestro exprés, homicidio y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
¿En qué consite la Operación Enjambre del gobierno de México?
La estrategia se caracteriza por la coordinación entre diversas instituciones federales y estatales. En las acciones participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

Documentos judiciales indican que varios de los funcionarios detenidos mantenían presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en diferentes regiones del país. Entre las organizaciones mencionadas en las investigaciones aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Uno de los casos que más atención ha generado es el de Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila. El funcionario fue detenido el 5 de febrero y las investigaciones lo señalan como presunto responsable de encabezar esquemas de extorsión desde su administración municipal en beneficio del CJNG.
En total, entre los detenidos figuran 14 presidentes municipales, lo que incluye alcaldes en funciones, exediles e incluso un alcalde electo que no había asumido el cargo al momento de su captura.
En el Estado de México también se registró una de las sentencias más severas derivadas de estas investigaciones. María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue condenada a 70 años de prisión tras ser encontrada culpable del delito de homicidio.

La lista de detenidos por la Operación Enjambre no deja de crecer
Las investigaciones también han alcanzado a otras figuras políticas locales. Entre ellas se encuentran María del Rosario Matías Esquivel, exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos; Pedro Luis Hernández de Paz, edil en funciones; y Ari Patrick Mendiola Mondragón, presidente municipal de Almoloya de Alquisiras.
En Puebla, las autoridades detuvieron a los presidentes municipales de Tlachichuca, Giovanni González Vieyra; de Ciudad Serdán, Uruviel González Vieyra; y de San Nicolás Buenos Aires, Ramiro González Vieyra, además del exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero.
En Chiapas, la lista incluye al alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, así como al exedil de Bellavista, Rosember López Roblero.
Otros nombres involucrados en el operativo son José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán; Vilma Senorina Reyes Martínez, exalcaldesa de Santa María Huazolotitlán; y Marco Antonio Pluma Meléndez, exedil de La Magdalena Tlaltelulco.
Las autoridades federales sostienen que la Operación Enjambre continuará desarrollándose en distintas regiones del país. El objetivo, sostienen, es desmantelar redes de corrupción institucional que presuntamente han permitido la infiltración de grupos del crimen organizado en estructuras de gobiernos locales.
