Nacido el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa, Rubén Rocha Moya ha construido una extensa trayectoria en los ámbitos académico, legislativo y de administración pública. Es licenciado en Educación Media por la Escuela Normal Superior de Oaxaca y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de maestro y doctor en Ciencias Sociales, forjó su perfil público en el sector educativo, destacando como secretario general de sindicatos universitarios y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entre 1993 y 1997.
Su incursión en la política electoral abarca varias décadas. Fue candidato a la gubernatura sinaloense en 1986 y 1998 por coaliciones de izquierda. Posterior a ello, se desempeñó como coordinador de asesores en los gobiernos estatales de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, además fungió como subdirector en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En 2018, bajo las siglas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ganó un escaño en el Senado de la República, plataforma que catapultó su perfil hacia la gubernatura de Sinaloa, cargo que asumió el 1 de noviembre de 2021.
Las turbulencias políticas
Antes de llegar a la gubernatura, Rocha Moya era percibido como un académico moderado capaz de conciliar con distintos sectores. Sin embargo, su administración enfrentó tensiones severas, ya que en los primeros años de su gobierno, mantuvo un fuerte choque político e institucional con las autoridades de la UAS debido a reformas a la ley orgánica de la universidad y señalamientos mutuos de corrupción.
El punto de inflexión de su administración ocurrió tras los acontecimientos de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en Estados Unidos. En una carta pública firmada por el propio capo, se afirmó que el día de su captura acudiría a una reunión en la que supuestamente estarían presentes el gobernador y el exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda -asesinado ese mismo día-.
El mandatario desmintió categóricamente cualquier vínculo o presencia en el lugar, asegurando que se encontraba fuera del país. No obstante, las acusaciones y las subsiguientes investigaciones de autoridades federales y estadounidenses derivaron en presiones políticas, marcando el tramo final de su administración y provocando que solicitara licencia a su cargo en mayo de 2026, más de 100 días.
La evaluación ciudadana en Sinaloa
La percepción pública sobre su gestión registró un constante deterioro a lo largo de su periodo. Mientras que al inicio de su gestión gozó de una sólida base de apoyo respaldada por la popularidad de los programas sociales federales, los indicadores de aprobación sufrieron caídas drásticas a medida que la seguridad en la entidad se vio comprometida.
Tras los sucesos de 2024, Sinaloa experimentó una intensa ola de violencia y choques entre facciones de la delincuencia organizada que paralizaron sectores económicos, comerciales y educativos en Culiacán y municipios aledaños. Diversos ejercicios de opinión ciudadana reflejaron un notable descontento por la percepción de ingobernabilidad, la falta de garantías en materia de seguridad pública y la incertidumbre económica. Aunque un sector de la población mantuvo su respaldo al proyecto de la Transformación, un amplio porcentaje evaluó de manera negativa la gestión de la crisis de seguridad y la sombra de sospecha que se posó sobre la cúpula estatal.
A salto de mata
El 28 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de Rubén Rocha Moya, fundamentada en un expediente penal interpuesto ante una corte federal que abarca cargos por conspiración para el tráfico internacional de narcóticos y delitos vinculados al uso y posesión de armas de fuego, además de la presunta existencia de una red de protección institucional y colaboración que involucra a mandos del ejecutivo estatal, señalando presuntos nexos con facciones del crimen organizado en la entidad, dentro de los procesos de investigación abiertos tras el traslado e imputación de líderes del Cártel de Sinaloa ante la justicia norteamericana.
En respuesta, el gobierno federal mexicano turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR) para su correspondiente evaluación legal, pese a ello, la institución no abrió ninguna carpeta de investigación bajo el argumento de que todo proceso de extradición debe conducirse bajo el marco estricto del derecho internacional, el respeto a la soberanía nacional y las garantías del debido proceso.
Asimismo, se puntualizó que la procedencia de una detención con fines de extradición requiere la presentación formal y la validación jurídica de las pruebas que sustenten las imputaciones formuladas, por lo que la solicitud permanece bajo análisis institucional antes de emitir una determinación sobre su entrega a los tribunales estadounidenses. Lo que es un hecho es que al exacadémico nadie lo ha visto personalmente, lo poco que se sabe es por la interacción con las redes sociales.
