La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició una consulta pública que estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, con el fin de definir los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias.
El proceso se enmarca dentro de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, convocando a la participación de concesionarios, academia, organizaciones civiles y ciudadanía a través de su portal oficial.
Ejes normativos y obligaciones
El proyecto normativo establece disposiciones obligatorias para concesionarias de televisión abierta, radio, televisión de paga y programadoras comerciales, públicas y sociales. La consejera jurídica de la Federación, detalló que la regulación busca precisar la interpretación legal sin margen a la discrecionalidad.
Entre los puntos centrales del marco regulatorio destacan:
- Distinción de contenidos: Exigencia explícita de diferenciar la información noticiosa de la opinión y los espacios publicitarios mediante cortinillas, mensajes en pantalla o menciones.
- Veracidad e integridad: Prohibición de transmitir información falsa, descontextualizada o presentar hechos pasados como acontecimientos actuales.
- Mecanismos éticos y defensoria: Obligación de publicar un Código de Ética y nombrar defensores de audiencias independientes y sin conflicto de interés.
- Inclusión y réplica: Incorporación de herramientas de accesibilidad para audiencias con discapacidad auditiva y garantía del derecho de réplica mediante plataformas digitales.
Postura del Ejecutivo: autorregulación sin censura
En la mañanera de hoy 29 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los lineamientos impulsan un esquema de autorregulación guiado por la responsabilidad editorial de los propios medios. La mandataria descartó que la iniciativa persiga multar o censurar a las empresas periodísticas, señalando que el objetivo fundamental es materializar el derecho constitucional de la población a recibir información veraz e imparcial.
Asimismo, precisó que la intervención de la CRT ocurrirá cuando las defensorías internas omitan resolver las inconformidades en los plazos legales, derivando en las sanciones financieras contempladas por la ley.
Críticas y riesgos del control editorial
Pese al discurso gubernamental, diversos sectores de la prensa escrita, la radio y la televisión han manifestado preocupación ante los alcances de la norma. Agrupaciones de medios e intelectuales advierten que el endurecimiento de supervisores administrativos y la imposición de criterios punitivos abren la puerta a un control desmedido sobre la línea editorial de los contenidos.
Analistas de la industria alertan que el intento de fiscalizar la veracidad periodística bajo conceptos ambiguos podría restringir el ejercicio del periodismo de investigación y la libertad de expresión, afectando el flujo informativo no solo en medios tradicionales, sino también en plataformas digitales.
