La intención del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de integrar la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Reforma Electoral, enfrenta un diagnóstico técnico crítico, ya que Guillermo Perezbolde, investigador y director de la Agencia Mente Digital, advirtió que, si bien la propuesta nace de una buena intención por evitar abusos en los comicios, su implementación carece de una ruta operativa clara y de recursos suficientes.
En un análisis sobre su impacto en entrevista con Alejandro Cacho, el especialista sostuvo que la propuesta se percibe como una “manifestación de deseos”, porque a complejidad no reside únicamente en la intención legislativa, sino en la capacidad real para detectar, auditar y sancionar el uso de algoritmos en un ecosistema digital masivo y descentralizado.
El costo de la vigilancia
Uno de los pilares que busca la Reforma Electoral es establecer un control sobre los contenidos generados artificialmente. Sin embargo, Perezbolde enfatizó que la supervisión efectiva demanda una infraestructura técnica y humana de alto costo, ya que no basta con la voluntad política. Señaló que se requiere un equipo capaz de identificar en tiempo real la naturaleza de cada pieza de comunicación política.
“Definitivamente barato no es, o sea, las intenciones son buenas pero necesitarías un equipo tanto tecnológico como humano que haga esta supervisión y logre detectar a tiempo que esto es realmente generado por inteligencia artificial”, sostuvo.
También, el investigador planteó que la regulación debe delimitar con precisión qué usos son nocivos y cuáles son herramientas legítimas de campaña. Una de las propuestas que planteó es la creación de un registro obligatorio, similar al que opera la COFEPRIS, donde los partidos políticos deban declarar toda comunicación que utilice IA antes de que esta llegue al público. Esto permitiría al electorado saber si una imagen, audio o video fue creado sintéticamente, evitando situaciones de engaño deliberado.
Trazabilidad frente a plataformas “invisibles”
Además, el problema técnico para la Reforma Electoralreside en la diferencia entre las plataformas comerciales y el software de código abierto. Mientras que servicios globales cuentan con sistemas de trazabilidad que registran quién, cuándo y desde qué dispositivo se generó un contenido, existe un universo de herramientas que se instalan directamente en ordenadores personales y no dejan rastro alguno en la nube pública.
“No los van a poder detectar, simplemente esos contenidos son irrastreables y cómo van a saber si son o no son generados con inteligencia artificial hasta que se haga una auditoría mucho más compleja y esto puede tardar semanas o incluso meses”, expuso.
Debido a lo anterior, la fiscalización inmediata que propone el proyecto de reforma resulta, a juicio del experto, inalcanzable. Ante el volumen masivo de información que circula en una campaña nacional, organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Gobernación o la Policía Cibernética carecen de la capacidad de procesamiento necesaria.
“Simplemente no va a haber autoridad que pueda regular eso”, puntualizó Perezbolde, advirtiendo que solo los casos más evidentes o denunciados podrían ser objeto de sanción.
Un escenario global sin soluciones definitivas
Perezbolde resaltó que un ejemplo a nivel internacional no se ha visto, hasta ahora. Países como Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania han intentado marcos regulatorios similares sin lograr resultados contundentes que detengan la circulación de contenidos generados por IA. El analista recordó que los mayores avances se han logrado mediante presión social hacia las empresas tecnológicas, más que por decretos gubernamentales.
Un ejemplo reciente es el caso del “Naked Gate” en la plataforma Grok, donde la indignación pública forzó la modificación de funciones que permitían alterar imágenes de forma abusiva. Este tipo de antecedentes demuestra que la tecnología evoluciona a una velocidad que la legislación mexicana difícilmente podrá atajar mediante el actual proyecto de reforma.
Además, Perezbolde advirtió sobre el uso de la IA para “suplir” la presencia física de los candidatos en actividades cotidianas, como abrazar personas o cargar niños en comunidades remotas. Si la ley no define si penalizará toda la imagen o solo fracciones de ella, la ejecución de la norma quedará sujeta a interpretaciones subjetivas.
“Ahorita me parece solo una gran intención de deseos […] pero realmente la ejecución pues no tiene ni pies ni cabeza porque no tienen dónde empezar”, concluyó el especialista.
