El Senado de la República reconoció en un reciente dictamen que, a pesar del notable crecimiento que experimenta el comercio digital en el territorio nacional, persiste una marcada renuencia por parte de los establecimientos comerciales para abandonar el uso del dinero físico. La discusión legislativa pone sobre la mesa un panorama complejo donde la infraestructura virtual convive de manera desigual con las costumbres tradicionales de compraventa en millones de negocios locales.
El dominio del dinero físico
De acuerdo con las estadísticas oficiales integradas en la propuesta legislativa y respaldadas por datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ecosistema productivo nacional está compuesto por más de cinco millones de unidades económicas, de las cuales una abrumadora mayoría corresponde a microempresas. En este vasto sector, la preferencia por el papel moneda sigue siendo la norma indiscutible para la operatividad diaria.
Los análisis censales revelan que ocho de cada diez establecimientos comerciales continúan utilizando el efectivo tanto para adquirir sus propias mercancías como para cobrar las ventas realizadas a sus clientes finales. Mientras que herramientas alternativas como las transferencias electrónicas y el uso de tarjetas bancarias ganan terreno paulatinamente, no obstante, su adopción todavía se encuentra lejos de desplazar por completo al efectivo, especialmente en los mercados tradicionales y comercios de barrio.
Infraestructura en expansión y transición gradual
Por otro lado, la legislación federal destaca que las plataformas virtuales y las transacciones por internet han alcanzado cifras históricas multimillonarias, consolidándose como pilares indispensables para las operaciones a distancia y los ingresos globales de diversos sectores económicos. Esta dualidad demuestra que la economía mexicana avanza hacia la digitalización a ritmos muy diferentes dependiendo del tamaño y la ubicación del negocio.
Ante las protestas y la inquietud generadas en diversos gremios comerciales, como los locatarios de mercados públicos, el Senado aclaró que la implementación de los cobros digitales obligatorios no se aplicará de forma abrupta ni generalizada. La estrategia legislativa contempla una incorporación progresiva regulada directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que definirá los sectores prioritarios y otorgará plazos razonables para mitigar cualquier afectación económica.
La iniciativa legislativa busca también entrelazar los nuevos métodos de cobro virtual con mecanismos avanzados de gobierno electrónico, tales como la CURP Digital, expedientes ciudadanos y plataformas mercantiles especializadas. Con esto se pretende disminuir las cargas administrativas y los tiempos de gestión para las empresas, aunque el gran desafío seguirá siendo convencer al sector microempresarial de las ventajas operativas de la formalización digital.
