Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, habría pagado alrededor de 69.4 millones de pesos entre 2024 y 2025 a funcionarios, intermediarios y particulares que presuntamente facilitaron el ingreso a México de millones de litros de combustible de contrabando.
Estas operaciones ilícitas estarían relacionadas con Gerardo Sánchez Zumaya, empresario y político exaspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo (PT), originario del municipio de Tanquián de Escobedo.
Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que un testigo colaborador proporcionara la información que representan una línea de investigación.
¿Cómo se reveló la información sobre el “Señor de los buques”?
De acuerdo con Reforma, la información surge de los testimonios oficiales del “empresario” potosino Héctor Manuel Portales Ávila, quien es tío de Gerardo Sánchez Zumaya, precandidato del PT a la Gubernatura de San Luis Potosí.
Sin embargo, el pasado 24 de septiembre Sánchez Zumaya, declinó sobre sus aspiraciones políticas, ahora se apunta a que fue debido al entramado de empresas fantasma y presunto lavado de dinero, de los que es señalado.
Después su tío dio información a la FGR, con la que se dieron a conocer los nombres de las personas que fungían como corruptores e intermediarios de Blanco Cantú, los cuales en su mayoría no figuraban en la investigación.
La vinculación del petista con la red de huachicol, se difundió en septiembre pasado cuando se informó que Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa recibió contratos millonarios de Pemex bajo un esquema de empresas fantasmas y lavado de dinero, que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre el 2022 y 2024.
Relación entre Sánchez Zumaya y Roberto Blanco Cantú
De acuerdo con las declaraciones del testigo colaborador de la FGR, Héctor Manuel Portales Ávila, identificado formalmente como tío de Gerardo Sánchez Zumaya, la red operaba bajo el mando de Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”.
Las revelaciones ministeriales detallan cómo se repartió el dinero de los sobornos: 24.8 millones de pesos en 2024 entregados a funcionarios y marinos para permitir el contrabando de hidrocarburos, así como 44.6 millones de pesos en 2025, repartidos entre mandos aduanales y operadores para garantizar el paso libre de combustible ilícito.
En total, suman casi 70 millones de pesos destinados a corromper las aduanas de Tampico y Matamoros, asegurando la entrada de millones de litros de hidrocarburo de contrabando provenientes de Texas.
El propio Portales Ávila confesó ante la FGR cómo se administraban los moches para los marinos encargados de la custodia en la Aduana de Tampico, salpicando directamente al entorno político del PT y Morena en San Luis Potosí y la Huasteca.
