El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el procedimiento para constatar que las personas candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y señala que los derechos o prerrogativas de las o los ciudadanos se suspenden por los siguientes motivos:
Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Además, por estar prófuga o prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
El procedimiento de revisión aprobado constará de diferentes actividades:
Integración de un grupo interdisciplinario y su marco de atribuciones.
Presentación de dos formatos por parte de las personas candidatas.
El primero, una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en los supuestos y, el segundo, el certificado de no ser persona deudora alimentaria.
Información que la ciudadanía y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) remitan al INE sobre el posible incumplimiento del requisito constitucional de alguna persona candidata a juzgadora.
Así como una consulta del INE a las autoridades correspondientes sobre posibles denuncias realizadas por la ciudadanía o alguna OSC. Garantía de audiencia para que las personas candidatas denunciadas puedan hacer valer lo que a su derecho convenga. Y, finalmente, se presentará un Proyecto de Acuerdo para análisis del Consejo General sobre los posibles hallazgos de incumplimiento del requisito constitucional.