El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a cuatro funcionarios del Banco del Bienestar por causar un daño patrimonial de 380 millones de pesos.
La sanción se impuso debido a que los responsables autorizaron pagos indebidos a una empresa contratada para la “gestión inmobiliaria” de las 2 mil 750 sucursales que ordenó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
TFJA sanciona cuatro funcionarios y exfuncionarios del Banco del Bienestar
El origen del caso corresponde a un contrato adjudicado en mayo de 2021 para servicios de “gestión inmobiliaria”, dictamen e inspección física de los predios e inmuebles donde la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) construía las sucursales bancarias del proyecto de 2 mil 750 sucursales.
Al respecto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó hasta por 15 años y ordenó resarcir diversas cantidades a:
- Yuliet Luis Reyes, exgerente de Administración Inmobiliaria, a quien inhabilitó por 15 años y sancionó con el pago de 380 millones de pesos.
- Faustino Ramírez Zenteno, exsubdirector de Adquisiciones. Fue inhabilitado por 10 años con sanción económica de 32.9 millones de pesos.
- Alberto Medina Zamudio, exdirector de Recursos Materiales. Inhabilitado por 10 años y ordenado a restituir 347 millones de pesos.
- Nayeli Aguilar Pineda, gerente de Pagos y Conciliaciones. Fue destituida e inhabilitación por 3 meses. Se desempeñó como gerente de Pagos y Conciliaciones del Banco del Bienestar, cargo que ocupaba desde marzo de 2019.
¿Qué irregularidades detectaron en el contrato?
Las irregularidades en el contrato adjudicado se dividen en el incumplimiento de la empresa y las acciones ilegales de los funcionarios para encubrirlo, por ejemplo, existe información faltante y errónea, en donde el consorcio privado no entregó los expedientes y reportes obligatorios sobre la situación de los inmuebles, o bien, entregó documentación con severas inconsistencias técnicas y legales.
Otra de las inconsistencias encontradas fue que los exdirectivos validaron y autorizaron un total de 21 pagos millonarios pese a que la la empresa no estaba cumpliendo con los requisitos mínimos ni con las entregas pactadas.
Cabe destacar que, pese a los retrasos y faltas evidentes, los servidores públicos no aplicaron las multas y sanciones económicas estipuladas por el incumplimiento del contrato.
