Frente a la la propuesta de crear una comisión para investigar “narcocandidatos”, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei lanzó una advertencia ya que considera que el organismo a su cargo no puede ser “juez y parte” de la contienda, y obligarlo a verificar candidaturas debido a que vulneraría su neutralidad.
“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia.
“Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, lanzó en conferencia de prensa.
¿Cuál es el llamado del INE al Congreso?
Al hablar sobre la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la titular del INE reconoció el Congreso deberá delimitar las facultades institucionales que le corresponden al árbitro electoral.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones”, sostuvo.
Relevancia al combate e evitar infiltración del crimen
Recordó que el INE es una autoridad “estrictamente” administrativa, más no es un órgano ministerial ni judicial, ya que su responsabilidad es “investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública”
“Son estas instancias, y solo ellas, las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un “riesgo razonable””, dijo.
A pesar de lo anterior, Taddei señaló que el combate a cualquier intento de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales no es tarea de una sola institución; “es una responsabilidad compartida de todas las autoridades que integramos el Estado mexicano”.
