La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México confirmó la aplicación de sanciones administrativas y económicas a un grupo de 27 personas servidoras públicas de la federación. Esta acción conjunta con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) busca castigar de forma severa diversas conductas irregulares cometidas entre los años 2019 y 2025.
El impacto financiero global de estas penalizaciones supera los 777 millones de pesos, marcando un precedente normativo dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo establecido para el periodo de esta administración.
El dictamen principal se concentra en faltas catalogadas como graves, donde cuatro exfuncionarios de alto rango vinculados a la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (organismo conocido como AliBien) recibieron una inhabilitación definitiva por diez años. Adicionalmente, se les impuso una histórica multa resarcitoria de carácter solidario que asciende exactamente a 777.8 millones de pesos. La autoridad judicial comprobó que estos individuos desviaron cuantiosos fondos presupuestales pertenecientes al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, utilizándolos de manera ilícita para cubrir gastos de operación no autorizados.
Afectaciones en dependencias federales
Por otra parte, el escrutinio de la Secretaría Anticorrupción abarcó infracciones de menor gravedad institucional, pero lesivas para el correcto desempeño gubernamental. Estas irregularidades involucran a personal adscrito a las siguientes dependencias:
- Alimentaria Mexicana (ALIBien)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Guardia Nacional (GN)
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)
- Instituto Nacional de Migración (INM)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT)
- Secretaría de Economía (SE)
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF)
Los castigos aplicados considerados como “menores“ comprenden desde amonestaciones públicas directas y suspensiones laborales temporales que van de los 3 a los 30 días, hasta la destitución de sus cargos e inhabilitaciones menores.
Entre las penalizaciones por conductas contrarias a la ética ciudadana, están los siguientes:
- Sustracción indebida de bienes
- Expedición de constancias educativas falsas para la portación de armas de fuego en corporaciones federales
- Conductas de acoso laboral
- Maltrato a subordinados
- Envío de mensajes de índole sexual
Conforme a la ley
“Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta (…) Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, manifestó Raquel Buenrostro, titular de la dependencia.
La funcionaria agregó que, “las acciones son parte del compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
