En el panorama laboral mexicano, el acceso a una oportunidad de empleo suele estar condicionado por múltiples factores; sin embargo, uno de los obstáculos más polémicos es la revisión de la salud financiera del candidato. Ante esta situación, el Senado de la República analiza actualmente una ambiciosa iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que pretende prohibir estrictamente la consulta de historiales, reportes o calificaciones crediticias durante los procesos de reclutamiento y permanencia laboral.
La propuesta, impulsada por el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, integrante de la bancada del PRI, busca modificar las fracciones I y XVIII, además de adicionar la fracción XIX al artículo 133 de la LFT. Asimismo, se plantea reformar la fracción IX al artículo 994 para establecer sanciones económicas severas contra las empresas que utilicen información de instituciones como el Buró de Crédito para descartar perfiles profesionales.
El fin de la discriminación por historial crediticio
El eje central de esta reforma es garantizar que la selección de personal se base exclusivamente en criterios objetivos, habilidades técnicas y capacidades profesionales. Según el proyecto de ley, condicionar un puesto a la situación financiera de una persona no solo es injustificado, sino que profundiza las brechas de desigualdad existentes en el país.
La exposición de motivos de la iniciativa es contundente al respecto: “El historial crediticio no constituye un indicador de desempeño laboral, habilidades técnicas, ni compromiso profesional. Por el contrario, refleja condiciones económicas que pueden estar determinadas por factores estructurales como desempleo previo, emergencias médicas, desigualdad de ingresos o falta de acceso a servicios financieros”.
Bajo esta lógica, se prohibiría a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por su historial crediticio. Para el senador Angulo Briceño, esta práctica representa una “forma de discriminación indirecta basada en la condición económica”, y afecta de manera desproporcionada a jóvenes sin antecedentes financieros, personas que han sufrido desempleo prolongado o mujeres que pausaron su carrera por labores de cuidado.
Multas y regulación bajo estándares internacionales
Para asegurar el cumplimiento de la ley, la propuesta sugiere multas que oscilan entre los 29,327 y los 293,275 pesos (equivalentes de 250 a 2,500 veces la UMA) para quienes consulten estos reportes sin justificación. Esta medida se alinea con otra iniciativa del senador Saúl Monreal Ávila, de Morena, quien ha propuesto eliminar también el uso de “burós laborales” que frenan el desarrollo de los trabajadores.
A nivel global, la propuesta mexicana sigue tendencias ya establecidas en ciudades como Nueva York o países como el Reino Unido, donde el historial financiero solo se consulta bajo excepciones estrictamente ligadas a la naturaleza del puesto. Actualmente, el dictamen se encuentra en análisis dentro de las comisiones legislativas.
