El Pleno del Senado de la República aprobó, tras una maratónica sesión, la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial que aplaza la elección de jueces, magistrados y ministros hasta el primer domingo de junio de 2028.
Con una mayoría calificada de 87 votos a favor y 41 en contra por parte de Morena y sus aliados, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, remitió el dictamen a los congresos estatales, donde requerirá la ratificación de al menos 17 legislaturas locales para su promulgación.
Puntos claves de la reforma aprobada
El proyecto avalado introduce modificaciones estructurales de gran alcance para el sistema de justicia del país. Entre los puntos más destacados se encuentra la autorización para que los actuales siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse por un nuevo periodo de seis años.
Asimismo, la reforma establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se organizará en dos secciones, las cuales únicamente podrán sesionar con la aprobación del pleno. Finalmente, se determinó reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de los juzgadores que resulten electos en la jornada judicial de 2028, fijando el término de sus funciones para el año 2036.
Debate y posturas de la oposición
Durante la discusión en tribuna, los bloques de la oposición lanzaron fuertes críticas hacia lo que calificaron como una “contrarreforma” orientada al control político. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, arremetió contra el proyecto asegurando que el oficialismo intenta “corregir con un parche” desde Palacio Nacional el fracaso de la reforma judicial aprobada en 2024.
Sostuvo que la medida no resuelve la crisis de justicia, sino que busca contener el desgaste político, económico e internacional provocado por el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, reprochó que se pretenda mantener la estrategia de selección de candidatos mediante “acordeones”.
Viggiano retó a los legisladores de la mayoría a cuestionar a los ciudadanos sobre los nombres de las personas juzgadoras, afirmando que la población no los recordará debido a la complejidad del formato.
En ese mismo sentido se pronunció el dirigente y senador del PAN, Marko Cortés, quien definió el dictamen como “la reforma de la reforma”.
Cortés acusó que la iniciativa no soluciona la falta de profesionalización ni la politización de la justicia, argumentando que el verdadero objetivo detrás de las modificaciones es proteger a perfiles ligados a la delincuencia organizada y asegurar jueces de consigna.
A pesar de los reclamos, el dictamen fue turnado de inmediato a los estados para continuar con su proceso legislativo.
