La discusión de la Reforma Electoral impulsada por el Ejecutivo Federal enfrenta un nudo legislativo en el Senado de la República.
El avance del proyecto se encuentra pausado ante la falta de consensos con el PT, fuerza política que, pese a su alianza con el bloque oficialista, mantiene reservas sustanciales respecto a la fecha propuesta para realizar el ejercicio de revocación de mandato en 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la existencia de estas discrepancias este martes, aunque subrayó que la aprobación de la iniciativa se prevé antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril.
Sheinbaum apeló a la observación ciudadana sobre el sentido del sufragio de los legisladores frente a temas como la eliminación de beneficios económicos en el sistema electoral.
“Tienen derecho a tener diferencias, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan. Entonces no es el PT, es el PAN, es Movimiento Ciudadano, ¿se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales?”, señaló.
El conflicto por el calendario electoral
El núcleo de la diferencia con el PT radica en la coincidencia de la revocación de mandato con los comicios intermedios de 2027. En dicho proceso electoral se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 31 congresos locales y más de mil ayuntamientos. Para el PT, este empalme genera condiciones de iniquidad en la contienda.
Como alternativa, la representación del PT propone trasladar el ejercicio de democracia directa a 2028 o, en su defecto, realizarlo en agosto de 2027, de modo que no interfiera con el proceso electoral federal.
Ruta legislativa y advertencia política
Pese a los desacuerdos técnicos, la ruta parlamentaria continúa. El coordinador de los senadores, Ignacio Mier, anticipó que la votación de la iniciativa en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos podría ocurrir esta misma jornada.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, informó a la Presidencia que el calendario legislativo permite prever una resolución definitiva para finales de abril.
Sobre la posibilidad de que el proyecto reciba votos en contra de sus propios aliados o de la oposición, la jefa del Ejecutivo Federal advirtió que la ciudadanía posee la facultad de sancionar políticamente a quienes defiendan estructuras de gasto excesivo.
“Si todos están de acuerdo, la mayoría calificada en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación. Luego están de acuerdo con una parte y con otras no. Bueno, ya la gente también sancionará esa parte”, sostuvo.
