La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, donde se firmó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión junto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y los 32 gobernadores del país.
El convenio surge en un escenario de alta incidencia delictiva, donde ocho entidades concentran el 66% de los casos: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Desde la puesta en marcha de la estrategia nacional contra la extorsión el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al número de denuncia 089, lo que permitió la captura de más de 600 personas relacionadas con el delito en 22 estados. Además, en los primeros 11 meses del sexenio, el trabajo conjunto logró disminuir un 25% los homicidios dolosos, según cifras presentadas durante la sesión.
Medidas concretas
García Harfuch explicó las acciones específicas del acuerdo que buscan reforzar la persecución penal y la prevención. Entre las principales medidas sobresale la armonización legislativa en los 32 estados para que la extorsión se investigue y persiga de oficio por las autoridades, sin requerir denuncia formal de la víctima. Esto implica reformas para homologar sanciones, que en algunos casos podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
Otro eje fundamental es la creación o fortalecimiento de áreas especializadas contra extorsión y secuestro en las fiscalías estatales, con capacitación unificada y despliegue de grupos de inteligencia en zonas de mayor incidencia. Se optimizará la operación del 089, incluyendo la cancelación inmediata de líneas telefónicas utilizadas en extorsiones, y se elaborará un manual nacional para estandarizar procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución penal.
Asimismo, se reforzará la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos, cortando así las finanzas de las organizaciones.
Avances previos
La iniciativa responde a anuncios previos de Sheinbaum, como la propuesta de una Ley General contra la Extorsión en julio y reformas enviadas al Congreso en octubre. Estos esfuerzos, según refieren las propias autoridades, han mostrado resultados iniciales, con detenciones prioritarias y una mayor denuncia ciudadana gracias al carácter anónimo del 089.
Por su parte, las y los gobernadores se comprometieron a aplicar estas medidas en sus entidades, reconociendo que la extorsión afecta gravemente a transportistas, comerciantes y familias, generando un ambiente de miedo que frena el desarrollo económico.
García Harfuch subrayó que el pacto no solo es técnico, sino un compromiso institucional para devolver la tranquilidad a la sociedad. “La extorsión es un delito cobarde que busca someter a la ciudadanía; con este acuerdo, le ponemos fin“, afirmó.
La sesión finalizó con la firma del documento, marcando el inicio de una fase operativa intensiva que será evaluada en futuras reuniones del Consejo. Dicho acuerdo se integra en la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación, que, argumentan, privilegia la inteligencia sobre la confrontación armada.
