Un grupo de residentes de la colonia Colina del Sur, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, ha obtenido una victoria jurídica significativa al lograr la admisión de un amparo que suspende temporalmente las obras de la Línea 5 del Cablebús en su zona. La controversia se centra específicamente en la construcción de la Estación 3, proyectada sobre la avenida Santa Lucía.
Los ciudadanos argumentan que el proyecto carece de los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad estructural de las viviendas aledañas, debido a la compleja naturaleza del suelo en esa región del poniente de la Ciudad de México.
Riesgos de hundimientos y minas históricas
La principal preocupación de los habitantes radica en que la zona de construcción se asienta sobre minas históricas y áreas con altos índices de hundimiento. Los vecinos, organizados en comités de defensa, señalaron que realizar perforaciones profundas para las torres y estaciones sin un mapeo geológico actualizado es una irresponsabilidad administrativa.
De acuerdo con sus declaraciones, no existe claridad sobre cómo reaccionarían las autoridades si durante la excavación se encuentran con oquedades no registradas, lo que podría derivar en daños irreparables al patrimonio de las familias que han habitado el lugar por décadas.
Además de los riesgos técnicos, los promoventes del amparo presentaron un análisis basado en datos oficiales y sistemas de información geográfica que cuestiona la viabilidad social del proyecto en ese punto exacto. Según este estudio, la zona de Colina del Sur ya cuenta con diversas opciones de movilidad hacia estaciones del Metro y corredores viales importantes. Por ello, consideran que la imposición de una estación de teleférico en un entorno residencial de baja densidad no responde a una necesidad de transporte real, sino a una urgencia de la administración por cumplir plazos de obra antes del término del sexenio.
Exigencia de transparencia y participación ciudadana
Los vecinos han sido claros al manifestar que su postura no es un rechazo al progreso tecnológico o al transporte público eficiente, sino una exigencia de legalidad. Han denunciado que, incluso antes de contar con todos los permisos ambientales y de impacto urbano, ya se habían iniciado labores de tala de árboles y preparación del terreno. “El desarrollo de la ciudad no puede pasar por encima de la seguridad y el derecho a un medio ambiente sano”, afirmaron los representantes vecinales, subrayando que su movimiento es ciudadano y carece de tintes políticos o económicos.
Ahora, la administración capitalina deberá presentar las pruebas técnicas y los estudios de mecánica de suelo ante el juez para intentar revertir la suspensión. Mientras tanto, el proceso legal obliga a detener cualquier intervención en el tramo de Santa Lucía, sentando un precedente sobre la importancia de la consulta vecinal y la planeación técnica exhaustiva en megaproyectos de infraestructura urbana que afectan zonas geológicamente vulnerables.
