La vida pública del estado de Campeche se ha visto sacudida por un evento judicial sin precedentes en la historia reciente de su máxima casa de estudios.
Este fin de semana, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada dictó formalmente el auto de vinculación a proceso en contra de José Alberto Abud Flores, quien hasta hace apenas una semana fungía como rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam).
El cargo que pesa sobre él es el de delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple.
La resolución, emitida tras una audiencia maratónica, marca el inicio de una etapa crítica en un caso que ha mezclado los pasillos de la justicia con los de la política estatal.
Según el expediente oficial, la detención de Abud Flores ocurrió el pasado lunes 12 de enero, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva interceptaron el vehículo oficial en el que se transportaba el entonces rector junto a su esposa y su chofer.
Durante la inspección, los agentes reportaron el hallazgo de sustancias prohibidas, lo que derivó en su detención inmediata y el inicio de la carpeta de investigación.
Un proceso de investigación importante
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la jueza determinó que la prisión preventiva no era necesaria para asegurar la comparecencia del imputado.
De esta manera, Abud Flores enfrentará el proceso en libertad condicional, sujeto a medidas cautelares que incluyen la firma periódica ante el juzgado y la restricción de salir del estado sin autorización judicial. Se ha fijado un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá robustecer sus pruebas, mientras que la defensa intentará desestimar los hallazgos iniciales.
La defensa y la tesis de la “persecución política”
El equipo legal del exrector, encabezado por el abogado Edwin Trejo, ha sido enfático en señalar lo que consideran irregularidades graves en el debido proceso.
La defensa sostiene que las sustancias encontradas fueron “sembradas” y han denunciado públicamente la opacidad de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Según Trejo, la dependencia se ha negado a entregar las grabaciones de las cámaras corporales (bodycams) que portaban los agentes en el momento del arresto, videos que, aseguran, demostrarían la inocencia de su cliente.
Este argumento ha alimentado la narrativa de una persecución política, dada la tensa relación que Abud Flores mantuvo con el Gobierno del Estado meses antes de su detención.
Durante los próximos 60 días, el intercambio de pruebas determinará si estamos ante un caso genuino de posesión de sustancias o si, como afirma la defensa, el sistema judicial está siendo utilizado como una herramienta de presión institucional.
Por ahora, el exrector permanece vinculado a proceso, en espera de una resolución que definirá su futuro legal y el legado de su gestión universitaria.
