La relación entre el Gobierno Federal y el estado de Chihuahua atraviesa por uno de sus momentos de mayor algidez. Un encuentro cara a cara entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos Galván dejó al descubierto profundas fracturas en materia de seguridad, soberanía y combate al crimen organizado.
Las diferencias, marcadas por un intercambio mediático previo, derivaron en un ríspido encuentro en el que ambas mandatarias expusieron agravios mutuos y reclamos intensos, uno de ellos, contra Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
“Estábamos ella y yo nada más”.
En respuesta, la mandataria federal indicó que “Ariadna es una mujer honesta, que dirige muy bien a Morena” e instó a que cualquier aseveración de esa índole sea respaldada formalmente mediante denuncias con pruebas ante las instancias correspondientes, como la Fiscalía General de la República (FGR), en lugar de quedarse en descalificaciones mediáticas.
La primera en divulgar los pormenores de la discusión, fue Campos Galván en una entrevista realizada para un medio de comunicación nacional la noche del jueves 22 de octubre, horas después, en la Conferencia del Pueblo de este viernes 23 de octubre, Sheinbaum Pardo hizo lo propio, encontrando coincidencias en ambas declaraciones.
Choque en Ciudad Juárez
El origen del conflicto y el posterior reclamo cara a cara se centró en las operaciones de seguridad desarrolladas en la entidad fronteriza y en la acusación sobre la presunta presencia no autorizada de agentes de la CIA de Estados Unidos, ocurrida el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, durante un operativo antidrogas para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de metanfetamina en las comunidades de El Pinal y Polanco, en el cual murieron dos elementos estadounidenses y dos elementos de organismos estatales.
“Sí, nos levantamos la voz”.
En una reunión realizada en una oficina del aeropuerto de Ciudad Juárez, el 19 de septiembre, desde el ámbito federal se cuestionó la posible vulneración a la Ley de Seguridad Nacional tras el desmantelamiento de laboratorios en la región, la administración estatal defendió las acciones de la Plataforma Centinela y la coordinación ejecutada en la zona serrana y urbana.
Gobierno de la muerte
El intercambio de declaraciones reflejó posiciones irreconciliables sobre el lenguaje y los adjetivos empleados en el debate público. Por un lado, la gobernadora manifestó su malestar por los señalamientos emitidos desde la tribuna federal respecto a una supuesta traición a la patria e injerencias externas en la policía estatal. Por otro lado, la titular del Ejecutivo Federal reprochó los descalificativos que catalogaban a la administración central como un “gobierno de la muerte”, señalando que este tipo de retórica distorsiona el trabajo institucional.
“Le reclamé que me acusara de que éramos un gobierno de la muerte”.
“Eso fue lo que yo le reclamé”, dijo Sheinbaum Pardo durante la narración del citado encuentro. “Yo no te acusé a ti, yo dije que el gobierno de Chihuahua o alguien había violado la Ley de Seguridad Nacional, como lo dije aquí en la mañanera. Y tú dijiste que nosotros éramos gobierno de la muerte, pues ¿qué es eso? Entonces, por eso, en efecto, sí fue un momento de tensión”, externó.
En su defensa, Maru Campos dijo, “Eso es algo muy fuerte, yo tendría conciencia de que eso se lo dije, pero le pido una disculpa (…) le pido una disculpa, pero le pido que revisen los medios de comunicación”.
Traición a la patria
En la narrativa, ambas coincidieron, que la plática subió de tono al hablar del ingreso de los agentes norteamericanos a México, “En la más alta tribuna de este país, en la mañanera, en ese podio, se me acusó de traicionar a la patria”, manifestó la chihuahuense.
Al respecto, la mandataria aclaró, “Yo le dije no, le dije tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional. Ella me dijo no fui yo, fue mi ex fiscal (…) me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el ex fiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal (…) Entonces le dije ¿por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece le comento a la Fiscal General de la República para que te reciba”.
Durante las conversaciones se aludió también a la responsabilidad de exfuncionarios estatales en las irregularidades señaladas en materia de seguridad pública, entre ellos, el ahora exfiscal estatal César Jáuregui, abriendo la puerta a investigaciones locales y federales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en cuyo caso la gobernadora negó haberlo traicionado, pese a las declaraciones del abogado y la esposa del exfuncionario de acusarla públicamente de lo contrario.
“Me reclamó de por qué la había acusado de traición a la patria”.
Futuro de la Federación y el gobierno de Chihuahua
A pesar del ríspido encuentro y la evidente frialdad en la comunicación entre ambas administraciones, el compromiso expresado por ambas partes apunta a mantener la colaboración estrictamente dentro de los cauces institucionales.
La atención a la agenda de seguridad en los municipios fronterizos y en la Sierra Tarahumara continuará canalizándose a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó la titular del Ejecutivo en su mañanera. El desenlace de estas fricciones marcará el rumbo de la gobernabilidad, el combate al crimen organizado y el flujo de recursos federales para Chihuahua en los próximos años.
“Nos quedamos en un ambiente muy tenso tratando de cuidar las formas, pero en un ambiente donde entre 8 y 10 minutos estuvimos reclamándonos la una a la otra”.
