“Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del INE Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act“, así el comunicado difundido por parte del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, a través de su cuenta oficial de X.
La denuncia ante organismos internacionales
“Esta denuncia no será la única vía. Hemos impugnado la decisión ante la Sala Superior y presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y, cuando corresponda, sancionado”, acusó el priista al indicar que la ley estadounidense permite imponer sanciones económicas y restricciones migratorias a personas señaladas por violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.
En México tenemos un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición.
Moreno Cárdenas aseguró que su partido defenderá la libertad de expresión y que utilizarán todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que ocurre con dicho organismo. “No nos van a callar, vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México”, dijo tras proceder en contra del órgano electoral del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana.
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La respuesta a la polémica resolución
La demanda ocurre en respuesta a la resolución que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 29 de julio, al prohibirle a “Alito” Moreno el uso de los adjetivos “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”,“narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopartido”, en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por carecer de sustento legal y probatorio.
El ordenamiento fue considerado por la cúpula del PRI como un precedente peligroso para el ejercicio democrático, ya que propicia la consolidación de un entorno de censura que impide discutir abiertamente la injerencia de grupos delictivos en la vida política y electoral del país.
“Una vez más se los digo, conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared, a mi no me van a callar, a mi no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar (…) Si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos, pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierno México”, respondió horas después de la decisión del INE en un mensaje en sus redes sociales.
Gobierno injerencista y tiempo al tiempo
De igual modo, acusó que la restricción del INE obedece al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que pretende coartar la libertad de expresión el logro más importante para su gobierno.
“En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de MORENA terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado. Van a caer, tiempo al tiempo”, advirtió.
