Las instituciones de educación superior pública en México enfrentan un complejo escenario financiero. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) dio a conocer que las casas de estudio estatales arrastran un adeudo de 55 mil 400 millones de pesos, originado por:
- La falta de actualización presupuestaria respecto a la inflación.
- La carga de los sistemas de pensiones.
- Las exigencias de gratuidad.
Dicha crisis económica contrasta con el aumento del 18% en la matrícula registrado en el periodo de 2018 a 2026, y la designación presupuestal de 1 billón de pesos para el año en curso.
Los factores tras la insuficiencia presupuestaria
El rezago económico en las entidades educativas responde a múltiples presiones operativas y laborales. De acuerdo con las autoridades universitarias, los recursos asignados han resultado insuficientes para cubrir el costo real de la nómina, especialmente tras las nivelaciones ligadas a los incrementos en el salario mínimo. A esto se suma el peso de las jubilaciones y la obligación de ampliar la oferta de espacios sin aplicar cuotas de inscripción.
A pesar de que el presupuesto federal nominal asignado a los planteles ha registrado aumentos en términos brutos, pasando de más de 62 mil millones de pesos en 2019 a superar los 83 mil millones en 2026, el impacto de la inflación y la pérdida de programas de subsidios extraordinarios han mermado la capacidad real de gasto. La falta de financiamiento ha comenzado a restar liquidez a los planteles para mantener laboratorios, renovar infraestructura y actualizar sus programas académicos.
Abandono escolar y límites operativos
Las consecuencias del ahogamiento financiero no solo impactan la gestión administrativa, sino también la permanencia de los alumnos. Estimaciones del sector revelan una deserción anual superior a los 210 mil estudiantes en el sistema público, donde cerca del 76% se debe a dificultades de índole económica.
Durante mesas de trabajo en la Cámara de Diputados, directivas de diversas universidades públicas señalaron que la política de austeridad y optimización de recursos implementada en los últimos años llegó a su límite funcional. Mantener la calidad educativa y responder a las metas de cobertura requiere una inyección urgente de capital, pues la capacidad de maniobra de las instituciones se encuentra agotada.
Propuesta para equilibrar las finanzas
Ante este panorama, la ANUIES presentó a los legisladores una solicitud para incrementar el subsidio ordinario en 36 mil 800 millones de pesos de cara al próximo ejercicio fiscal. El plan plantea una distribución estratégica dividida en dos vertientes principales:
- Atención inmediata: Un paquete de 9 mil 500 millones de pesos orientados a solventar compromisos salariales, contingencias en materia de pensiones y la creación de un fondo para infraestructura física.
- Fondo de gratuidad: Una asignación gradual de 27 mil 300 millones de pesos destinada a consolidar el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
La definición del presupuesto para los próximos años determinará si las universidades públicas logran estabilizar su operación o si continuarán trabajando bajo severas restricciones financieras.
