La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) determinó suspender de forma temporal la normativa que obligaba a las facultades de derecho a comprobar su apego a programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estas directrices buscaban asegurar la inserción y equidad de oportunidades para individuos de variados contextos sociales, géneros y etnias dentro de las aulas.
La drástica resolución responde directamente a la presión ejercida por Donald Trump. Con este freno, queda inoperante el mecanismo central que impulsaba la incorporación de minorías y mujeres al ámbito de la abogacía. Todo esto ocurre en un marco de evaluación regulatoria interna, mientras la administración federal reconfigura sus propios lineamientos en la materia.
Específicamente, el consejo de la ABA encargado de otorgar las acreditaciones a los centros universitarios congeló la ejecución del llamado Standard 206, regla que forzaba a las instituciones a reportar estrategias tangibles de diversidad. Se ha confirmado que esta pausa se extenderá, cuando menos, hasta agosto de 2026.
Las causas de la presión de la Casa Blanca contra el Standard 206
El origen de este freno normativo proviene de las oficinas de Washington. Tras asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump emitió un decreto ejecutivo instruyendo al Departamento de Educación a auditar las facultades de la ABA como ente acreditador, y argumentó la “ilegalidad” de sus mandatos de inclusión.
Posteriormente, el Departamento de Justicia intensificó la postura mediante una circular enviada a rectores y comités de admisiones, al señalar que la alternativa viable es “la derogación completa de el Standard 206”. Desde la óptica gubernamental, las condiciones DEI promueven una “discriminación ilegal”, escenario que colocaba en riesgo el reconocimiento de la ABA ante el gobierno federal.
En consecuencia, el consejo de la ABA sustentó la suspensión bajo el argumento de que existen “circunstancias extraordinarias” que complican en demasía el acatamiento de la regla por parte de las universidades. Ante la postura oficial, la asociación manifestó que no pedirá a los planteles “violar la ley para cumplir con sus estándares”, asumiendo de igual forma que el estatus de acreditador federal “es un privilegio, no un derecho”.
Implicaciones institucionales y el futuro del sector legal
La resolución modifica los esquemas de ingreso y las becas para comunidades históricamente vulnerables. De acuerdo con datos publicados por la agencia Reuters, la directriz está “al borde de la eliminación” debido a la ofensiva del gobierno. Este medio reportó que la ABA recibió múltiples comentarios de académicos que pedían blindar la medida, pero un órgano interno dictaminó la suspensión para proteger la validez regulatoria de la asociación.
Por su parte, portavoces de la organización citados por la revista ABA Journal admitieron que el Standard 206 constituía la herramienta legal idónea para combatir la disparidad demográfica en un sector predominantemente manejado por hombres blancos. El Departamento de Justicia alertó de forma previa que de no ceder, “La ABA podría perder su rol como organismo acreditador”.
El panorama final para la norma se resolverá en la Cámara de Delegados de la ABA, la cual determinará el destino de la regla antes del 31 de agosto de 2026. Paralelamente, demarcaciones como Texas, Florida y Alabama avanzan en desvincular a la ABA de sus sistemas locales de licenciamiento.
