El magistrado federal Alvin Hellerstein determinó este jueves la continuidad del proceso penal en contra del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Durante la segunda audiencia celebrada en una corte de Manhattan, en Estados Unidos, el juez descartó la solicitud de la defensa para desestimar el caso, bajo el argumento de que una medida de tal naturaleza resultaría excesiva en esta etapa del juicio.
La pareja enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcoterrorismo, corrupción y posesión de armamento pesado.
Aunque el juez de 92 años aún debe formalizar su resolución por escrito, sus declaraciones en sala cerraron la puerta a una salida procesal inmediata para los acusados, quienes permanecen bajo custodia estadounidense tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.
“No voy a desestimar el caso”, aseveró el magistrado Alvin Hellerstein.
El conflicto por los fondos y las sanciones de la OFAC
El núcleo de la audiencia se centró en la imposibilidad de los acusados para costear su defensa legal. Los abogados de Nicolás Maduro denunciaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó el uso de fondos del gobierno venezolano para este fin, una medida que la defensa calificó como una obstrucción.
Por su parte, la fiscalía, representada por el fiscal adjunto Kyle Wirshba, sostuvo que permitir el acceso a dichos recursos socavaría la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Argumentó que los señalados presuntamente saquearon la riqueza de su país y que las sanciones deben prevalecer como instrumento de presión exterior.
Cambio de escenario geopolítico
A pesar de la firmeza en los cargos, el juez Hellerstein matizó la situación actual de los detenidos. Señaló que, dada su condición de reclusión, no representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y recordó que la relación entre Washington y Caracas ha experimentado un giro diplomático tras la instauración del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
“Ahora (Estados Unidos) hace negocios” con el país, recalcó el juez.
Este acercamiento se formalizó a principios de marzo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Donald Trump y la administración interina venezolana, vínculo que permanecía roto desde 2019.
¿Cuál es la situación legal de Cilia Flores?
En su ingreso a la sala, Nicolás Maduro se mostró sonriente ante su equipo legal, aunque con una apariencia física más delgada y canosa en comparación con su primera comparecencia en enero. La defensa también informó sobre el estado de salud de Cilia Flores, quien se encuentra a la espera de resultados de estudios cardiológicos.
Flores, por su parte, enfrenta acusaciones por conspiración para la importación de sustancias ilícitas y posesión de armas. Cabe recordar que, en su declaración inicial, el exmandatario se definió como un “prisionero de guerra” y rechazó la culpabilidad de todos los delitos imputados.
Los cargos que enfrentan Maduro y Flores
El pliego acusatorio contra Nicolás Maduro consta de cuatro cargos principales: tres de ellos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto delito es la posesión directa de dicho armamento. Por su parte, Cilia Flores enfrenta acusaciones similares: dos cargos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y un cuarto por posesión de las mismas.
Cabe recordar que, durante su primera comparecencia, Maduro rechazó los cargos declarándose “no culpable”. En ese momento, el exmandatario se autodefinió como un “prisionero de guerra”, haciendo referencia a su captura ocurrida el pasado 3 de enero en la ciudad de Caracas, ejecutada por fuerzas especiales de los Estados Unidos.
El papel de los abogados de Nicolás Maduro
La defensa técnica de la pareja, encabezada por los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, ha presentado recientemente un documento solicitando la desestimación de los cargos.
El argumento central de los defensores radica en lo que califican como un “error administrativo”, alegando que el Gobierno de EU. revocó las licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para costear su representación legal.
En contraparte, la fiscalía ha solicitado al juez Hellerstein medidas restrictivas estrictas. Los fiscales piden prohibir que los acusados compartan material probatorio con coacusados que aún se encuentran prófugos, mencionando específicamente al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
El Gobierno estadounidense sostiene que existe un “riesgo real de violencia”, advirtiendo que el entorno de Maduro podría utilizar la información del proceso para identificar y tomar represalias contra los testigos y sus familias en territorio venezolano.
Este proceso judicial es considerado uno de los más significativos en la historia reciente de las relaciones entre Washington y Caracas, y se espera que la audiencia de hoy defina el rumbo de las siguientes etapas del juicio.
