La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes de fondo sobre los calendarios de la reforma constitucional en materia de justicia: el primero traslada la fecha de la segunda elección judicial hacia el año 2028, mientras que el segundo adiciona una nueva causal de nulidad para los procesos electorales en caso de que se compruebe intervención extranjera, éste último una propuesta que fue respaldada por el diputado, Ricardo Monreal.
El proyecto que busca evitar se empalmen los comicios concurrentes con la elección judicial registró 29 votos a favor por parte de los bloques de Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), frente a 11 votos en contra emitidos por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
Presupuesto desata críticas de la oposición
La postergación de la jornada electoral desató cuestionamientos en torno a la viabilidad financiera del ajuste. Durante la sesión de debate, el diputado priísta Erubiel Alonso advirtió sobre un incremento significativo en el gasto público derivado de esta prórroga parlamentaria.
“Esta situación de lo que estamos viviendo, de mandar a 2028 la elección, simplemente nos va a costar unos 10 mil, 15 mil millones de pesos más que podemos utilizar para los hospitales, para las clínicas, para las universidades, para las carreteras, para el campo, para la mecanización, del dinero que le están robando a los jubilados, de ese porcentaje que le están quitando a esa gente que trabajó durante toda una vida al servicio del Estado mexicano”, explicó el legislador del tricolor.
Mientras tanto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres Graciano, minimizó los alcances de la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, argumentando que el sistema de justicia requiere el fortalecimiento de la carrera judicial y el mérito para blindar la independencia frente a presiones partidistas.
“No se ocupa sólo de cambios de fecha, se ocupa un cambio estructural profundo que evite que tengamos una (Suprema) Corte de chocolate elegida por acordeones, que vaya a revisar la actuación del Tribunal de Disciplina, que se ha convertido en un órgano de presión para los jueces y magistrados”, señaló.
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Blindaje contra gobiernos extranjeros
El segundo dictamen del Poder Legislativo, orientado a sancionar la injerencia externa en los comicios del país, obtuvo el respaldo de la comisión con 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
Además, la diputada de Movimiento Ciudadano, Irías Reyes, sostuvo que el partido oficial y impulsa esta medida en respuesta a los señalamientos de agencias del gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve servidores públicos de esa entidad.
“La reforma queda incompleta porque deja algo fuera, que es la amenaza interna más grave que tiene el país, es decir, la intervención del crimen organizado, y es una pena que el gobierno se dedique a desestimar investigaciones internacionales para proteger a sus propios funcionarios metidos hasta el tronco con el narco, y ahora hasta les haga una reforma para anular elecciones si tienen críticas, estudios, opiniones que vengan desde el extranjero, que lamentable”, dijo la legisladora.


