La Fiscalía General de la República (FGR), asestó un nuevo golpe a la red de corrupción que operó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales (Ceferesos), quien fue colaborador cercano del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en un esquema de desvío de recursos públicos que supera los 5 mil millones de pesos provenientes de 10 contratos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
A salto de mata
El arresto se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Al momento de su detención, las autoridades federales le confiscaron diversos artículos para evadir la justicia, entre ello, identificaciones apócrifas con identidades falsas, equipos de telefonía móvil, 2 mil 500 dólares americanos y más de 36 mil pesos mexicanos en efectivo.
Tras su captura, el exfuncionario fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del “Altiplano”, en la entidad mexiquense de Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde quedó a disposición de las autoridades quienes determinarán si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y fijar las medidas cautelares correspondientes.
El detenido enfrenta acusaciones formales por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero.
El entramado delictivo
Las indagatorias encabezadas por la FGR señalan que durante su gestión al frente de las cárceles federales entre 2006 y 2012, Molina Díaz utilizó su cargo para suscribir convenios económicos destinados a la edificación de ocho centros penitenciarios de carácter federal. No obstante, el Ministerio Público de la Federación detectó que dichos contratos fueron, en realidad, simulaciones jurídicas operadas a través de empresas fachada o fantasma a través de Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, socios y testaferros, los encargados de canalizar recursos a empresas controladas por el exsecretario de Seguridad.
Mediante dicho mecanismo de subcontratación fraudulenta, la red criminal sustrajo el presupuesto asignado al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para las prisiones federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán. De igual forma, la Fiscalía sostiene que el mecanismo formaba parte de una estructura delictiva de mayor alcance liderada por García Luna, en la cual también se investiga la participación de familiares cercanos, socios comerciales y diversos colaboradores de primer nivel de la administración federal de ese entonces.
