En un golpe judicial de alto impacto, un juez federal dictó la medida de prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, junto a otras siete personas.
Los imputados enfrentan acusaciones graves presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, vinculados a operaciones de hidrocarburos.
Además del exmandatario estatal, la medida cautelar alcanza a Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
La resolución se dio tras una extensa y compleja audiencia que requirió de varios recesos debido a la naturaleza del caso.
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— FGR México (@FGRMexico) July 19, 2026
Prisión preventiva para Ernesto ‘N’
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF) logró aportar los datos de prueba suficientes para obtener la medida cautelar más severa.
De esta manera, los imputados identificados como Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” fueron trasladados para cumplir con el mandato judicial en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido popularmente como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Por otro lado, la autoridad judicial otorgó consideraciones especiales para dos de los señalados basándose estrictamente en sus condiciones físicas. En el caso específico de José María “N” y Guillermo “N”, el juzgador determinó que permanecerán bajo resguardo en sus respectivos domicilios particulares por motivos de salud debidamente acreditados.
En tanto, Adriana “N” fue recluida y quedará interna en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Nezahualcóyotl Sur para continuar con su proceso.
Investigan red de huachicol
Luego de un intenso debate jurídico entre los fiscales federales y los abogados defensores, la defensa de los imputados optó por acogerse a la duplicidad del término constitucional.
Este recurso legal suspende temporalmente la resolución final para que el juez determine si los vincula o no a proceso, ampliando el plazo a un total de 144 horas para la presentación de pruebas de descargo que aclaren su situación jurídica.
De acuerdo con la información institucional provista por la FGR, las capturas de estas ocho personas se ejecutaron de manera coordinada con los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.
La detención es el resultado directo de una profunda investigación de inteligencia criminal relacionada con diversas operaciones de carácter irregular.
Las líneas de investigación detallan que la red criminal realizaba maniobras ilícitas de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en el territorio nacional, un esquema en el que los imputados presuntamente participaron de forma activa y organizada durante varios meses.
