La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos se convirtió en una área de una disputa legal y social que podría redefinir la identidad nacional, ya que, mientras los magistrados analizaban la validez de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, cientos de activistas y organizaciones civiles se congregaron para exigir el rechazo a una medida que, advierten, vulnera derechos fundamentales más allá del estatus migratorio.
El debate se centra en la reinterpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. El mandatario republicano busca impedir que hijos de personas sin estatus legal o de origen extranjero adquieran la nacionalidad de forma automática al nacer en territorio estadounidense.
“Lo que se está debatiendo aquí no es un tema legal abstracto, aquí están en juego la identidad de nuestras futuras generaciones”, señaló Lydia Walther-Rodríguez, activista de la organización CASA, a la agencia EFE..
Alcance de la medida y argumentos en pugna
La postura de la Casa Blanca sostiene que la legislación post-Guerra Civil se diseñó para proteger a “hijos de los esclavos” y no para quienes buscan obtener la ciudadanía mediante estancias temporales.
Sin embargo, defensores de derechos humanos y expertos legales sostienen que la ciudadanía por nacimiento es un mandato constitucional que no puede ser derogado mediante un decreto presidencial.
En junio pasado, la mayoría conservadora del máximo tribunal respaldó (6-3) al gobierno de Trump al levantar bloqueos emitidos por jueces de Maryland, Washington y Massachusetts.
No obstante, aquella decisión se limitó a una cuestión de jurisdicción de juzgados menores, dejando pendiente el veredicto sobre la constitucionalidad de la orden firmada el 20 de enero de 2025. Según estimaciones del Migration Policy Institute, unos 255,000 niños al año podrían perder el derecho a la nacionalidad si el fallo favorece al Ejecutivo.
Protestas y el temor a la apatridia
Frente al edificio del Supremo, la manifestación reflejó una mezcla de resistencia cultural y preocupación profunda. Entre consignas y ritmos de artistas como Celia Cruz y Bad Bunny, líderes sociales fijaron su postura desde el podio.
“No se puede condenar a niños a una vida apátrida cuando ellos no han decidido donde nacer”, sentenció el pastor bautista William Barber durante su intervención ante la multitud.
Para miembros de la comunidad migrante, el proceso judicial trasciende las leyes. María Marín, ciudadana guatemalteca con 12 años de residencia, describió la situación como un “ataque personal” que genera pánico entre las familias con hijos nacidos en el país. El temor colectivo radica en que, de validarse la restricción, se cierren las puertas al acceso a servicios básicos como salud y educación para miles de menores.
Con información de EFE
