El colectivo ambientalista Salvemos los Cerros ha denunciado públicamente que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua mantiene un acuerdo de cooperación hídrica ilegal con Israel. De acuerdo con los activistas, el pacto se concretó omitiendo los procedimientos obligatorios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), lo que representa una infracción directa a la legislación federal en materia de tratados internacionales.
El polémico documento, titulado Plan de cooperación entre la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y la JCAS de Chihuahua, se suscribió el 23 de febrero de 2023 con una vigencia proyectada hasta 2027. A pesar de que su propósito formal es el intercambio tecnológico para optimizar la seguridad hídrica regional, la dependencia estatal jamás lo dio de alta ante las autoridades de la cancillería mexicana.
Transparencia federal contradice a las autoridades locales
La agrupación civil argumentó que esta omisión viola flagrantemente los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. El colectivo exhibió el oficio UDT-10914/2025, emitido por la unidad de transparencia de la SRE, el cual confirma textualmente que, tras una búsqueda exhaustiva, “no se localizaron instrumentos jurídicos celebrados con Israel y el estado de Chihuahua”.
Por otra parte, el documento DEP-0147/23 de la dirección general de coordinación política de la SRE reveló que el texto final firmado “difiere sustancialmente de aquel que fuera dictaminado por la consultoría jurídica, por lo que se ha procedido a realizar una nueva revisión, quedando sin efectos el dictamen de procedencia”. Ante la exigencia federal de entregar una copia del plan modificado, la JCAS se rehusó argumentando no ser la instancia competente para dicho registro.
“Mario Mata incumplió la ley, modificó el acuerdo por su cuenta y evadió los trámites de control federal; este convenio también es una violación a la soberanía nacional”, afirmó Luis Rivera Levario, vocero de Salvemos los Cerros.
Contradicciones en la aplicación y defensa del proyecto
Los opositores al acuerdo señalan además una inconsistencia en las atribuciones de la JCAS, ya que el documento se enfoca en tecnología agrícola, un área ajena a las facultades estrictamente urbanas del organismo. Denuncian que la alianza promueve un esquema extractivista insostenible que agrava la explotación de los acuíferos locales. El colectivo acusa también que el gobierno del estado tenga tratos con Israel, un país en el ojo del huracán por las acciones genocidas que está llevando a cabo en Irán y Líbano.
Por su parte, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco —quien suscribió el convenio junto al entonces embajador israelí Zvi Tal— catalogó los cuestionamientos de “ridículos” e “irrisibles”. Mata desmarcó por completo el proyecto de cualquier contexto bélico o geopolítico, comparando la transacción con realizar compras comerciales habituales en el extranjero: “Nosotros fuimos por tecnología y proveeduría para el sistema del agua muy probada en Israel que se usa en todo el mundo… en ningún momento fuimos a ver un asunto político o de seguridad, nosotros fuimos a cosas del sistema del agua”, sostuvo.
