Los ciudadanos que padecieron el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, catalogado como la peor contingencia ambiental en la historia minera de México, ya pueden estar tranquilos porque el gobierno de Sonora oficializó el inicio del proyecto para construir el Hospital IMSS-Bienestar en el municipio de Ures… 12 años después de la tragedia.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño detalló que el próximo 13 de julio se concretará el proceso licitatorio para que la edificación comience formalmente el 20 de julio, con un presupuesto asignado de 500 millones de pesos canalizados en coordinación con la federación para dotar a la zona de atención médica especializada.
Promesas incumplidas en el río Sonora
El desastre ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, vertió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre las cuencas locales. El impacto trastocó la salud, el agua y la economía de municipios como Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures. Durante más de un decenio, los Comités de Cuenca del Río Sonora y diversos colectivos denunciaron padecimientos dermatológicos, renales y digestivos vinculados a metales pesados.
A pesar de los compromisos iniciales mediante el Fideicomiso Río Sonora al cual se asignaron 2 mil millones de pesos para la remediación ambiental, indemnizaciones directas a los afectados y medidas preventivas, además de la creación de una clínica de atención para los afectados que nomás quedó en cimientos inconclusos y salones abandonados.
Al respecto, la administración estatal criticó la pasividad de gestiones anteriores -Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador- por dejar abandonado el sitio, asegurando que las nuevas instalaciones contarán con margen de ampliación adaptado a las necesidades toxicológicas y generales de la franja territorial.
Justicia social e infraestructura médica para la región
La obra forma parte del Plan de Justicia para el Río Sonora, una iniciativa gubernamental concebida para resarcir los daños sociales e históricos ocasionados a las familias perjudicadas. Cabe decir que a la fecha, el costo total de los impactos ascienden a más de 20 mil millones de pesos.
La llegada del nuevo complejo hospitalario busca saldar solo una parte pendiente de salud pública que permaneció congelado durante más de una década en el noroeste del país. No obstante, en el ámbito ecológico y financiero de la región quedan muchos pendientes de cubrir.
