El Congreso de Estados Unidos dio luz verde a un paquete financiero de 70 mil millones de dólares destinado a robustecer las operaciones de control fronterizo y agencias migratorias, para blindar la estrategia del presidente Donald Trump en la materia, extendiendo la garantía de recursos federales hasta el término de su gestión en el año 2029.
Reñida decisión política
La resolución legislativa en la Cámara de Representantes se definió por un margen sumamente estrecho de 214 votos a favor frente a 212 en contra. Previamente, la propuesta ya había obtenido el respaldo de la Cámara Alta. Tras el fin de este prolongado estancamiento político de cuatro meses en el Capitolio, el documento fue remitido de manera directa al poder ejecutivo para la ratificación final del mandatario.
El origen de la disputa presupuestaria se debió, en gran medida, al recelo de la bancada demócrata respecto a los protocolos operativos de las corporaciones federales. Las tensiones se intensificaron luego de incidentes viales y operativos en Mineápolis que resultaron en los fallecimientos de Alex Pretti y Nicole Good. No obstante, los intentos de la oposición por condicionar el flujo de dinero a cambio de reformas y restricciones disciplinarias a los agentes fronterizos no prosperaron en el texto definitivo.
Los recursos aprobados se repartirán de la siguiente manera:
- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibirá un estimado de 38 mil millones de dólares.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cerca de 26 mil millones.
- Los 5 mil millones restantes se mantendrán reservados para mitigar eventualidades y gastos imprevistos.
Históricamente, los fondos asignados al ICE no solían rebasar los 10 mil millones de dólares anuales, según registros históricos del Servicio de Investigación del Congreso. Es por ello que figuras demócratas criticaron fuertemente la medida, argumentando que el erario público debió orientarse prioritariamente al alivio del gasto corriente y necesidades básicas de las familias estadounidenses en lugar de robustecer aparatos de deportación.
Con este marco presupuestal asegurado para el mediano plazo, la administración de Trump recupera la vía libre y el músculo financiero necesario para acelerar sus planes de detención a gran escala y reactivar los programas de expulsión masiva de migrantes indocumentados en todo el territorio norteamericano.
