La situación jurídica del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá sin cambios al menos dos días más, luego de que la jueza Angela Zamorano Herrera pospusiera la resolución sobre si el exmandatario continuará en prisión o podrá acceder a una liberación anticipada.
El aplazamiento ocurrió tras una audiencia de 12 horas en la que se presentaron testimonios acerca de la conducta que Duarte ha tenido durante su permanencia en prisión. De acuerdo con la información expuesta ante la jueza, algunos de estos señalamientos lo ubican en episodios de mala conducta.
Duarte sostiene que ya cumplió cerca del 95% de la pena de nueve años impuesta en su contra y que los procesos pendientes por tráfico de influencias, peculado e incumplimiento del deber legal no requieren prisión preventiva.
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Un caso abierto desde 2017
El exgobernador fue detenido en 2017 tras permanecer prófugo en Guatemala. Su captura se dio luego de que el gobierno mexicano concretara su extradición por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la organización Tojil, en 2018 Duarte acordó modificar el cargo de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, lo que derivó en la condena de nueve años de prisión y una multa de 58 mil pesos.
Más tarde, en 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión por desaparición forzada, vinculada con restos hallados en una barranca conocida como La Aurora, en Emiliano Zapata, Veracruz. La defensa aseguró entonces que la orden no se ejecutó debido a una suspensión provisional.
Ese mismo año, Duarte obtuvo tres amparos: uno contra actos dentro de un proceso penal federal; otro para frenar su localización u obligación de comparecer; y un tercero relacionado con delitos del fuero común, en el cual la suspensión definitiva le fue negada.
En noviembre de 2022, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Veracruz logró imputarlo y vincularlo a proceso por desaparición forzada, lo que llevó a que se le impusiera prisión preventiva justificada por un periodo de un año y seis meses mientras se desarrollaban las investigaciones.
Del proceso por desaparición al intento de liberación anticipada
Para noviembre de 2024, un juez determinó su exoneración en ese expediente, luego de que se desestimaran las declaraciones del exsecretario de Seguridad Pública veracruzano, Arturo Bermúdez Zurita, al considerarse que fueron realizadas bajo tortura.
La defensa de Duarte insiste en que siguió los procesos solicitados para su reinserción social y mantiene una conducta que, aseguran, cumple los requisitos establecidos por la ley.
RB