El costo de la violencia en México no afecta a todas las regiones por igual. La edición 2026 del Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), reveló amplias brechas territoriales en las consecuencias financieras de la delincuencia. En promedio nacional, el impacto económico se situó en 30 mil 036 pesos por habitante, pero la diferencia entre la entidad con mejores indicadores en contraste con la más afectada es siete veces mayor.
Yucatán se mantuvo por noveno año consecutivo como el estado más pacífico y con el menor costo por persona, registrando apenas 10 mil 785 pesos per cápita.
En el extremo opuesto se ubica Colima, que repite como la entidad menos pacífica del país con el impacto económico más elevado, alcanzando los 70 mil 123 pesos por habitante, impulsado por altas tasas de homicidio.
Comportamiento regional y variaciones
Detrás de Colima, y por encima de la media nacional por persona están:
- Morelos – 54 mil 767 pesos.
- Sinaloa – 52 mil 083 pesos.
- Guanajuato – 45 mil 678 pesos.
- Baja California – 46 mil 090 pesos.
En contraparte, estados como Chiapas, Tlaxcala Durango y Campeche acompañan a Yucatán en el bloque de menor afectación financiera por hechos delictivos, manteniendo montos inferiores a los 18 mil pesos per cápita.
La productividad y dinámica económica del país
A nivel nacional, el impacto total de la inseguridad descendió un 11.4% respecto al año previo, situándose en cuatro billones de pesos, cifra equivalente a cerca del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Cuando las empresas y los hogares destinan una porción significativa de sus ingresos a contratar seguridad privada, instalar sistemas de vigilancia o modificar sus rutas y horarios de trabajo, ese capital deja de fluir hacia proyectos productivos, infraestructura o bienestar social, lo que a la postre debilita la capacidad de las regiones con mayor impacto para atraer inversiones duraderas y generar empleos formales de alto valor.
El IEP recalca que los costos no solo contemplan daños directos, lesiones o pérdidas materiales, sino también el desvío de recursos públicos y privados hacia medidas de protección. El miedo a la violencia modifica conductas de consumo e inversión, limitando la productividad y mermando los ingresos de las familias mexicanas.
