Ante el rechazo de la reforma constitucional en materia electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los ejes rectores del Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa de leyes secundarias que será enviada al Senado con el objetivo de modificar la estructura administrativa y financiera de los organismos electorales y los partidos políticos.
La funcionaria federal subrayó que el principio fundamental de esta propuesta es la reducción de privilegios en la función pública y el fomento a la participación ciudadana.
Bajo el precepto de la austeridad republicana, el proyecto establece que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales locales u órganos estatales podrá percibir una remuneración mayor a la de la Presidenta de México.
Compactación administrativa en estados y municipios
Uno de los puntos más relevantes del Plan B impacta directamente en la configuración de los ayuntamientos y los Congresos locales.
La iniciativa propone una reducción en el número de regidurías, con un límite mínimo de siete y un máximo de quince integrantes por municipio. Asimismo, se restringirá la estructura de las sindicaturas a una sola posición por demarcación.
En lo que respecta a las legislaturas estatales, el proyecto fija un tope presupuestal estricto equivalente al 0.70% del Presupuesto de Egresos de cada entidad. Por su parte, el Senado de la República experimentará una reducción de gasto progresivo con una meta establecida del 15%. Según la secretaria Rodríguez, estos ahorros deben destinarse a infraestructura social en los municipios.
“Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, sostuvo.
Fiscalización financiera y transparencia partidista
El control de los recursos en las campañas electorales es otro pilar de la propuesta. El Plan B incluye la formalización de convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para vigilar el origen de los fondos de partidos y candidatos. La iniciativa plantea la prohibición absoluta de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y financiamiento proveniente del extranjero.
En el ámbito de la Ley General de Partidos Políticos, el Artículo 50 obligará a las organizaciones a reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado. Además, las remuneraciones de los dirigentes de los partidos deberán ser transparentadas de manera obligatoria para el escrutinio público.
Ajustes al calendario y al cómputo electoral
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propone una modificación sustancial al proceso de conteo de votos. La intención es que el inicio de los cómputos de la elección federal comience inmediatamente tras la llegada del primer paquete electoral al término de la jornada, y no el miércoles siguiente como ocurre actualmente. Las autoridades aclararon que esta medida es independiente del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Finalmente, el Plan B define las reglas para la revocación de mandato. La propuesta establece que este ejercicio se realice el primer domingo de junio, ya sea en el tercero o cuarto año de gobierno (2027 o 2028), dependiendo de la fecha en que la ciudadanía formalice la solicitud. Con esto, se busca integrar las consultas populares al calendario electoral ordinario para optimizar los recursos logísticos.
Claves del Plan B de Sheinbaum:
- Tope salarial: Ningún funcionario del INE, tribunales u órganos locales podrá ganar más que la Presidenta.
- Fin de privilegios: Eliminación de bonos y seguros de gastos médicos mayores.
- Austeridad municipal: Reducción de regidurías (mínimo 7, máximo 15) y solo una sindicatura por municipio.
- Límite a Congresos: Tope presupuestal del 0.70% del presupuesto estatal para las legislaturas locales.
- Ahorro en el Senado: Reducción de gasto progresivo de hasta el 15%.
- Conteo inmediato: Inicio de los cómputos federales tras la llegada del primer paquete electoral, sin esperar al miércoles siguiente.
- Fiscalización UIF: Convenios para vigilar finanzas de partidos y candidatos.
- Bancarización: Obligación de reportar operaciones financieras en tiempo real.
- Transparencia: Publicación obligatoria de las remuneraciones de dirigentes partidistas.
- Revocación de mandato: Realización del ejercicio el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
