La tarde de este lunes 5 de enero, Alejandra María Ang Hernández, diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, fue retenida por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al intentar ingresar a Estados Unidos con una suma de dinero en efectivo a 800 mil pesos mexicanos equivalentes a un aproximado de 40,000 mil USD, que superaba los límites legales permitidos sin declaración.
El incidente, ocurrido en la garita internacional de Mexicali-Calexico, no solo activó los protocolos de seguridad de las autoridades norteamericanas, sino que encendió el debate sobre la congruencia de los servidores públicos en la zona fronteriza.
Aunque la legisladora fue liberada horas después, el proceso administrativo en su contra permanece abierto, dejando sobre la mesa una interrogante que sacude al Congreso del Estado: ¿Cómo justificará el origen y la omisión de un monto que, según versiones extraoficiales, asciende a cientos de mil dólares?
El operativo en la Garita Este y la situación legal
El suceso se registró en el puerto de entrada conocido como “Garita Nueva” de Mexicali. De acuerdo con informes obtenidos tras el incidente, la legisladora viajaba en una camioneta de modelo reciente cuando fue seleccionada para una inspección secundaria. Durante la revisión, los agentes del CBP localizaron el efectivo, el cual excedía el umbral de los 10,000 dólares que la normativa estadounidense exige declarar obligatoriamente al cruzar la frontera.
A pesar de la retención inicial y los rumores sobre la posible revocación de su visa, Ang Hernández fue liberada cerca de las 21:00 horas del mismo lunes. No obstante, el dinero ha quedado bajo resguardo de la autoridad federal estadounidense en tanto se desahoga un plazo administrativo. Durante este periodo, la diputada deberá presentar pruebas documentales que acrediten la trazabilidad y la licitud de los recursos para evitar el decomiso definitivo y posibles sanciones civiles.
Se pronuncia diputada morenista: “Fue un error de resguardo”
Ante el impacto mediático del suceso, Alejandra Ang emitió un posicionamiento oficial buscando mitigar las especulaciones. La legisladora atribuyó la omisión a una distracción personal, asegurando que el efectivo tenía como destino la transacción de bienes personales y no actividades ilícitas.
“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo”, explicó Ang Hernández.
La diputada fue enfática al señalar que los fondos provienen del patrimonio familiar consolidado por ella y su esposo a través de años de trabajo y la venta previa de otro automóvil. Asimismo, desmintió categóricamente que sus documentos migratorios hayan sido retirados, afirmando que mantiene una cooperación total con el CBP para documentar y recuperar el dinero de su propiedad, bajo el compromiso de actuar con “legalidad y transparencia”.
Una serie de incidentes fronterizos
Este episodio no es un hecho aislado para los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación en la región. La retención de Ang Hernández se suma a una lista de encuentros recientes entre autoridades estadounidenses y figuras clave de Morena en Baja California, lo que ha generado críticas de la oposición sobre la vigilancia y el comportamiento de sus cuadros políticos.
Entre los nombres que han enfrentado situaciones similares o revisiones especiales se encuentran el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino; la diputada federal Araceli Brown; e incluso menciones relacionadas con el entorno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Para Alejandra Ang, el desafío ahora es jurídico: demostrar ante una autoridad extranjera que el manejo de grandes sumas de efectivo es consistente con su perfil fiscal, mientras en México se evalúa el costo político de presidir, precisamente, la comisión encargada de vigilar el gasto público.
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