Un juez federal concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en contra de su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, huachicol fiscal, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recordemos que el exfuncionario actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, luego de que el pasado 26 de septiembre abandonara las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano.
Conceden suspensión definitiva a Ernesto Ruffo
La suspensión fue concedida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México (Edomex), dentro del juicio de amparo 1085/2026.
Con esta resolución se impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral en tanto el juzgado de amparo no resuelva el fondo de la solicitud, es decir, si la vinculación a proceso dictada en su contra en julio de 2026 violó o no sus derechos constitucionales.
Cabe aclarar que esta suspensión no anula las acusaciones de la FGR ni determina su inocencia, sino que se trata de un mecanismo procesal para asegurar que no se avance a una etapa de condena o juicio formal mientras existan dudas sobre la legalidad de la vinculación a proceso.
El exgobernador continuará enfrentando su proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia de Ensenada. Actualmente se encuentra custodiado por la Guardia Nacional, debido a su avanzada edad y estado de salud, tras haber salido del penal del Altiplano.
Para obtener prisión domiciliaria, defensa exhibió dictámenes médicos oficiales que certificaban que Ernesto Ruffo Appel padece dislipidemia mixta, hipertensión arterial, hipertrofia prostática benigna, un trastorno cardíaco de consideración, así como severos problemas de motricidad.
¿En qué consiste la acusación del “huachicol fiscal”?
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la FGR, se le acusa de formar parte o liderar una red ligada a la empresa Ingemar, la cual presuntamente utilizaba esquemas fraudulentos de importación para ingresar grandes volúmenes de combustible al país evadiendo impuestos.
Durante sus operaciones, reportaban volúmenes de transporte menores a los que realmente ingresaban al territorio nacional y declaraban la entrada del combustible haciéndolo pasar por otros productos o aceites no gravados.
