En un giro determinante para su proceso penal, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó este 26 de septiembre las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La salida del exmandatario se concretó luego de que un juez de control le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, modificando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que enfrentaba.
Con esta resolución judicial, el político continuará bajo resguardo en su vivienda el proceso de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) instruye en su contra por su presunta vinculación en una red de huachicol fiscal, que abarca imputaciones por delitos de contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
El cambio en la medida cautelar se logró tras una intensa estrategia jurídica emprendida por su equipo defensivo, quienes promovieron diversos recursos legales para solicitar la revisión de las condiciones de internamiento de Ruffo Appel, derivando en la celebración de una audiencia clave para definir su situación legal.
Razones de salud sustentan el cambio de medida cautelar
Durante el desahogo de la audiencia, los abogados defensores centraron sus argumentos en el delicado estado de salud del exgobernador.
Para respaldar la solicitud de prisión domiciliaria, la defensa exhibió dictámenes médicos oficiales que certifiquen que Ernesto Ruffo Appel padece dislipidemia mixta, hipertensión arterial, hipertrofia prostática benigna, un trastorno cardíaco de consideración, así como severos problemas de motricidad derivados de un procedimiento quirúrgico de columna al que fue sometido en 2025.
Asimismo, la representación legal presentó la documentación correspondiente para acreditar formalmente un domicilio de arraigo ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, garantizando que el imputado cuenta con un lugar fijo para cumplir con la disposición judicial.
Ante la contundencia de las pruebas médicas presentadas, ni los representantes de la FGR, ni los litigantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni de Petróleos Mexicanos (Pemex) mostraron oposición a que se le concediera el resguardo domiciliario.
Las estrictas condiciones impuestas por el juez de control
Pese a conceder la prisión domiciliaria, el juzgador fijó un esquema riguroso de supervisión para evitar cualquier riesgo de evasión de la justicia. Entre las medidas estipuladas destacan:
- Permanencia obligatoria: Permanecer de manera ininterrumpida en el inmueble señalado en Ensenada.
- Entrega de documentos: Inmediata entrega de su pasaporte y visa para impedir salidas del territorio nacional.
- Restricción de actividades: Prohibición absoluta de realizar actividades laborales o abandonar el país.
- Monitoreo constante: Establecimiento de comunicación diaria mediante videollamadas con las autoridades judiciales y mantenimiento de contacto permanente con un centro de justicia.
Respecto al uso de dispositivos de rastreo, el juez resolvió no colocar un brazalete electrónico, argumentando que la condición médica de Ruffo Appel podría requerir traslados de emergencia hacia centros hospitalarios para recibir atención médica especializada de primer nivel.
La vigilancia física del inmueble estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantendrán un operativo de resguardo las 24 horas del día. La autoridad judicial otorgó un plazo perentorio de 48 horas para coordinar el traslado logístico desde el penal del Altiplano y dar estricto cumplimiento a la medida impuesta.
